Elizabeth Sánchez González denunció que su remoción como Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) fue ilegal; también afirmó que hay una persecución política en su contra en la que intervienen poderes fácticos e intereses económicos, que incluso, pretenden privarla de su libertad.
En un comunicado, recalcó que son falsos los señalamientos en su contra y que agotará todas las instancias legales internas y de ser necesario acudirá a instancias internacionales hasta limpiar su imagen.
“Daré la batalla en los tribunales hasta limpiar mi nombre y prestigio”, expresó, “y para generar un precedente que ayude a que ninguna mujer tenga miedo a sufrir esta persecución por miedo a atreverse a ser titular de un órgano autónomo del Estado o a ejercer cualquier algún cargo público”.
Sánchez González recordó que el pasado 2 de abril el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca resolvió inhabilitarla por un año para ejercer cargos públicos, y que en los hechos, la remueve del cargo de Presidenta del IEEPCO.
Pero sostuvo que ilegalmente el Tribunal de Justicia impone efectos inmediatos a su sentencia vulnerando su propia normatividad y su derecho a la defensa.
“Esta sanción es una afrenta contra el Estado de Derecho y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que establece que sólo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede remover a las consejerías de los institutos electorales locales de su cargo, la razón de este criterio es precisamente evitar la intromisión de poderes facticos que vulneren la autonomía e independencia de los Institutos Electorales Locales”.
Por ello, agregó, la sentencia del Tribunal también atenta de forma flagrante contra sus derechos civiles, políticos y laborales a ejercer el cargo en el que fue designada.
La expresidenta del IEEPCO explicó que esta sanción se enmarca en una persecución política y administrativa que inició en su contra el encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, “a quien los intereses económicos le nublaron la vista y dedicó todo el 2023 y lo que va de este año para presionarme en la toma de decisiones administrativas, y denostar mi imagen y mi desempeño en el cargo”.
En su escrito, aseguró que Salvador Alejandro Cruz inició auditorías y procesos administrativos de asedio contra su equipo de trabajo administrativo, sobre todo, contra mujeres; actos que, durante la presidencia anterior, encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar.
“Hablamos de un Encargado de Despacho, designado por una Comisión del Congreso estatal sin facultades para realizar ese nombramiento, por lo que todos sus actos son ajenos a la legalidad. No es fortuito que el Congreso del Estado haya emitido recientemente una convocatoria para designar, ahora sí, legalmente, a la persona que ocupará la Contraloría General”, agregó.
Elizabeth Sánchez afirmó que el encargado de la Contraloría extralimitó sus funciones, y que de ello ya ha quedado constancia en la resolución de octubre de 2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me reinstaló de forma inmediata porque en efecto, la única institución que puede remover a una consejería es el INE.
“Hoy en día, los procedimientos han transitado de lo administrativo a lo penal en una clara utilización política de las instancias judiciales, incurriendo incluso en hostigamiento”, mencionó.
Lo anterior, detalló, porque el pasado 16 de abril el Juez de Control de Tanivet libró una orden de comparecencia y ese mismo día a la medianoche acudieron a su domicilio a tratar de notificarla un citatorio judicial, con la clara intención de amedrentarla. “Por lo que desde este momento denuncio la intención evidente de privarme arbitrariamente de mi libertad”, advirtió.
“No permitiré, por ningún motivo, que mi caso se convierta en el ejemplo de lo que les puede pasar a las mujeres que no son condescendientes con un sistema racista, clasista, machista, misógino y patriarcal al interior de las instituciones y de los gobiernos, ni a las formas tradicionales de ejercer un cargo o presidir una institución”, sentenció.
 fue ilegal; también afirmó que hay una persecución política en su contra en la que intervienen poderes fácticos e intereses económicos, que incluso, pretenden privarla de su libertad.){kind=link}