Las organizaciones civiles Melel Xojobal de Chiapas, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos de Hidalgo y el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli de Oaxaca, exigieron al Estado Mexicano atender detonantes de la violencia social contra niños, niñas y adolescentes como la desigualdad, el racismo y la exclusión social a través del acceso a los servicios básicos de salud, saneamiento, educación y empleo.
Durante el Foro por el Derecho a la participación de Niñeces y Adolescencias organizado por Calpulli en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, se destacó que el derecho a la educación en el estado oaxaqueño es desigual debido a que el 12.7 por ciento de la población de 3 a 17 años presentaba rezago educativo en 2020; esto corresponde a 145 mil 900 niñas, niños y adolescentes.
Oaxaca, según el Coneval, es la doceava 12 entidad del país con mayor porcentaje de la población infantil y adolescente con rezago educativo a nivel nacional.
También se advirtió que la violencia contra niñas, niños y adolescentes en es un problema grave y complejo que afecta a una gran cantidad de personas en esta entidad. Según los datos, del CONEVAL, para el 2021 el estado lideraba el primer lugar a nivel nacional en porcentajes de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil con 21.5%, en ocupaciones peligrosas con 13.7% y quehaceres domésticos con 9.3% en condiciones no adecuadas.
Finalmente, se señaló que 35.9% de la población de 0 a 17 años en Oaxaca presentaba carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2020; esto correspondía a 477 mil 200 niñas, niños y adolescentes.
Oaxaca es la tercera entidad a nivel nacional con mayor porcentaje de la población infantil y adolescente con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en ese mismo año.
“Es evidente que en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, la falta de garantías en los derechos de niñas, niños y adolescentes representa un desafío urgente que requiere atención inmediata. Las cifras alarmantes de violencia, la situación de riesgo frente al reclutamiento por grupos criminales, el rezago educativo y la carencia de acceso a servicios básicos son solo algunas de las realidades que enfrentan las infancias y adolescencias en estas regiones”.
Las tres asociaciones civiles que participaron el foro, además, exigieron al Estado Mexicano garantizar el derecho a la participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes con mecanismos efectivos de participación en las escuelas y comunidades.
Así como investigaciones eficaces con perspectiva de género y enfoque de derechos de las infancias, para una verdadera reparación integral del daño causado por la violencia feminicida, y garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes una educación sexual integral con enfoque de derechos de las infancias y perspectiva intercultural.
Exigieron implementar políticas públicas bajo el paradigma de entornos saludables, que garanticen el desarrollo integral y las vidas libres de violencia de las infancias y adolescencias, generando espacios de confianza, y adecuar el sistema educativo de acuerdo a todos los contextos para que todas las niñas, niños y adolescentes accedan a una educación integral de calidad.
