Juan Carlos Zavala
Comunidades indígenas de Oaxaca mantienen movimientos de resistencia y lucha contra el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Sus reclamos van desde las afectaciones por daños ambientales, despojo de sus tierras, la modificación en sus formas culturales y sociales de vida, el incremento de la violencia, la presencia con mayor fuerza de la delincuencia organizada, carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra las personas defensoras del territorio.
Este proyecto del gobierno federal, asimismo, no toma en cuenta sus necesidades de infraestructura social, ha ocultado información sobre los impactos de las obras a su alrededor y violado su derecho como pueblos indígenas a una consulta previa e informada, según los testimonios recabados por Buzos durante la Misión de Observación que encabezaron las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Front Line Defenders y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
A finales de diciembre de 2018, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio, en el siguiente año, de las obras del proyecto del CIIT con una inversión de ocho mil millones de pesos. En el año 2022, dio a conocer una nueva inversión por 120 mil millones de pesos para dos obras: una planta de licuefacción y una planta coquizadora en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz.
El megaproyecto consiste en un corredor comercial e industrial en la región del Istmo de Tehuantepec al conectar mediante infraestructura carretera y el tren transístmico los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Contempla la modernización del ferrocarril, la construcción de puertos comerciales, red de carreteras primarias y secundarias, conectividad digital, un gasoducto, y 10 polos de desarrollo o parques industriales.
De acuerdo con el CEMDA, el Corredor tendrá un impacto directo en al menos 79 municipios de la región: 33 del estado de Veracruz y 44 de Oaxaca.
Esta organización, advierte que las agresiones contra personas defensoras se han incrementado en la región desde la implementación del proyecto. Entre octubre de 2021 y julio de 2023, asegura, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de las personas defensoras del territorio y los derechos humanos, y en su mayoría se han cometido contra personas de pueblos o comunidades indígenas: 21 de los 31 eventos fueron contra personas de un pueblo indígena, principalmente mixe o zapoteco.
Entre las agresiones más comunes están 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas a defensores, sus familias o colectivos, 11 casos de violencia física y psicológica, y desalojos forzados, tres homicidios de personas defensoras entre octubre de 2022 a julio de 2023, 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y defensores comunitarios del territorio y dos casos de difamación a través de medios de comunicación de gran alcance.
Quienes han cometido las agresiones, afirma, son principalmente integrantes de las fuerzas de seguridad pública, empresarios, trabajadores del proyecto y miembros del crimen organizado; el CIIT se está desarrollando en territorios indígenas sin que el gobierno federal, según CEMDA, haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas.
“Es un avasallamiento que implica despojo, cambio de vida, violencia, daños ambientales y destrucción de una forma de vida. (Las comunidades) se están enfrentando a obras que los afectan, que los despojan, a la entrada de la delincuencia organizada, al crecimiento de la inseguridad; no toma en cuenta las necesidades de las comunidades en materia salud, de educación, agua potable, proyectos productivos en función del perfil de la región, productora de maíz, de ganado, de frutales.
“Entonces, están enfrentando a un monstruo que al final de cuentas significa violencia, despojo y destrucción de una forma de vida y de una cultura campesina indígena”, resume Carlos Beas Torres, dirigente de la Ucizoni.
Pero, además, sostiene que hay intereses económicos muy claros relacionados con el grupo de poder político. Por ejemplo, menciona las obras que se realizan hacia la parte norte del Istmo de Tehuantepec, en la colindancia con Veracruz, y las cuales están a cargo de la empresa La Peninsular. Esta empresa forma parte del Corporativo Hermes, propiedad de los hijos del político Carlos Hank González, y quienes forman parte del Grupo Atlacomulco – una facción política del PRI que tiene su origen y principal operación en el Estado de México –.
“El entonces gobernador Alejandro Murat fue uno de los principales promotores de este megaproyecto y como todos sabemos o deberíamos saber, su relación ha sido con grupos económicos del Estado de México”.
Mientras que la obra más importante en términos financieros: la ampliación del Puerto de Salina Cruz, está concesionada a una empresa vinculada al gobierno del presidente Andrés Manuel López y a la Cuarta Transformación.
Carlos Beas asegura que en esas obras de ampliación está una empresa distribuidora de materiales de nombre Isisa, que es propiedad de un empresario de apellido Chávez y que proviene del estado de Tabasco. Hace seis años, afirma, apenas facturaba un millón y medio de pesos en Villahermosa, Tabasco; ahora, en el año 2021, facturó más de dos mil millones de pesos.
Y finalmente, advierte la operación de lo que llama la “principal empresa” que trabaja en la relación y que sostiene, es la delincuencia organizada. Los grupos del crimen, detalla, se ha apoderado de espacios de la economía formal en la que no solamente comercializan camarón, limón y aguacate, sino también se han metido en la industria de la construcción y el transporte.
“Es otra de las denuncias que hemos hecho, cómo actúan de manera conjunta la Guardia Nacional, La Marina, La Policía Estatal y esos grupos de carácter paramilitar”, dice al referirse a los actos de represión, intimidación y hostigamiento contra las personas defensoras del territorio en la región del Istmo.
San Juan Guichicovi: Mogoñé Viejo, Boca del Monte, Hierba Santa
El sonido de la alarma del campamento “Tierra y Libertad”, que se encuentra a un costado de las vías del tren transístmico en Mogoñé Viejo, llega hasta la casa de María Magdalena Martínez Isabel, ubicada a unos 150 metros. En esta localidad del municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, la estridencia viene acompañada de un alboroto sonoro de gritos de personas y del ruido de la grava empujada por las llantas de vehículos en caravana cargados de policías estatales, miembros de la Guardia Nacional y de La Marina.
Magdalena Martínez sale rápido de su hogar y se dirige al campamento. Su esposo se adelanta. La mujer de 43 años y con tres hijos, dos de ellos menores de edad, alcanza a ver una camioneta verde mientras corre hacia las vías: los integrantes de los cuerpos de seguridad llevan a cabo de un desalojo violento de los habitantes de esta población que durante 72 días se mantuvieron en protesta contra los trabajos de modernización de las vías del tren como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Ese 27 de febrero de 2023 fue arrestada, junto con su hermana y su esposo, y llevada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Oaxaca, donde se le informó que estaba acusada del delito de ataques a las vías de comunicación.
En Mogoñé Viejo, 16 habitantes enfrentan carpetas de investigación en su contra por el mismo delito, a causa de las protestas que mantuvieron por más de dos meses a las obras de modernización del tren transístmico.
“Me topo con el de la Marina, el capitán José Mario Bremón Zamorano. Él me arrebata mi celular y yo tratando de recuperar mi celular, él me agarra y me rompe el vestido del lado izquierdo, y en ese momento se me descubre una parte de mi cuerpo y tratando de cubrirme, él va y me empuja y me entrega con los estatales. A él lo hago responsable de la agresión que yo sufrí”, recuerda Magdalena Martínez.
El ex comisariado de Bienes Ejidales de San Juan Guichicovi, Albino Pedro Juan, relata que su oposición a las obras del CIIT se remonta al año de 2018, cuando el gobierno federal organizó supuestas consultas a los pueblos indígenas en Jaltepec de Candayoc, localidad de San Juan Cotzocón.
“Nunca nos tomaron en cuenta, realizaron la consulta en una comunidad muy alejada de las vías del tren e invitaron a gente de manera selectiva que sólo fuera a alzar la mano. Ahí supuestamente hicieron la consulta a mano alzada, sin explicar los impactos sociales, culturales y económicos del proyecto”, asegura.
Fue entonces que se dieron cuenta que su derecho a una consulta previa, libre e informada como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esta manera es que inician a organizarse y luchar contra el proyecto. En un primer momento, se llega a un acuerdo firmado con el Gobierno en el que se compromete a atender primero sus necesidades de agua potable, educación y salud; pero nunca cumplieron.
Es así que deciden instalar el campamento “Tierra y Libertad” y detener las obras de modernización de la vía, resistieron dos intentos de desalojo. Ahora se enfrentan al hostigamiento policial, amenazas y carpetas de investigación por delitos federales.
Gladys Antonio Zaragoza vive en la casa de su madre María Luisa Zaragoza en la localidad de Boca del Monte, una población que pertenece a San Juan Guichicovi. Su hogar está a un costado de la carretera transístmica. El gobierno federal echó a andar obras de ampliación de la carretera y las casas y los negocios, representan un problema para este objetivo.
Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Oaxaca a cargo de José Luis Chida Pardo, para ofrecerle cierta cantidad de dinero por su hogar; pero la señora María Luisa Zaragoza no aceptó, en primer lugar, porque no era un pago justo para dejar un patrimonio que le había costado levantar todos los días. Hubo otras propuestas económicas, y ninguna la consideró suficiente.
Después aparecieron dos jóvenes en una motocicleta y entregaron a María Luisa un papel enrollado, en el que decía que debía comunicarse con el “comandante Sierra”. No hizo caso, y esa misma noche las mismas personas, dispararon en al menos ocho ocasiones contra la casa y contra otro negocio, colocaron una manta con un mensaje también del supuesto comandante Sierra. Hubo otro segundo armado, y en esta ocasión la ráfaga de disparos fue mayor.
Poco a poco Gladys y su mamá María Luisa empezaron a quedarse solas. Las autoridades agrarias y muchos de sus vecinos aceptaron el pago de la SCT, mientras que los que resistían tenían consecuencias: “al dueño de la gasolinera le mataron a su hijo”, afirma Gladys Antonio.
Curiosamente, menciona, cuando iniciaron las agresiones de un supuesto grupo de la delincuencia organizada, los funcionarios de la SCT dejaron de presentarse en su casa para tratar de negociar. Ahora, también enfrentan la estigmatización dentro de la comunidad por información filtrada de ellas por la dependencia federal hacia la población. Sentencia: “Nosotros sólo queremos un pago justo”.
En Hierba Santa la lucha y resistencia contra las obras del CIIT se relaciona con la instalación de grandes antenas de alta tensión y la construcción de un gasoducto que pasará debajo de sus tierras, sin que la comunidad haya sido autorizada por el gobierno federal.
Ernestina Villarreal, originaria de esta localidad de San Juan Guichicovi, detalla que las antenas de alta tensión fueron instaladas sobre sus parcelas y cerca de sus hogares, las cuales provocan un ruido constante e intenso en la población. Sobre el gasoducto, asegura que nunca fueron consultados, pero sí engañados por funcionarios que llegan con sus autoridades agrarias y municipales a solicitar permiso cada que quieren realizar algo. De permiso en permiso, estas obras del CIIT han avanzado en Hierba Santa.
El dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), sostiene que claramente las obras del CIIT son una imposición. El proyecto, dice, no cuenta con consultas a las poblaciones indígenas adecuadas que garanticen su derecho.
También advierte que aunque, el megaproyecto está impulsado por el gobierno federal, en realidad es un territorio que está en una disputa global por potencias económicas como Estados Unidos y China.
Santa María Mixtequilla, polo de desarrollo: tierras a bajo costo y consulta “amañada”
Santa María Mixtequilla albergará el polo de desarrollo más grande de los 10 que forman parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Aquí, comuneros y ciudadanos desde hace poco más de tres meses decidieron emprender una lucha por las irregularidades registradas durante la aprobación del parque industrial y por la opacidad en el pago de 132 millones de pesos a las autoridades comunales por más de 500 hectáreas, de las cuales 370 hectáreas son de uso común y el resto parcelarias.
A esto, se suma la inconformidad de 18 comuneros a quienes tanto el gobierno federal y el Comisariado de Bienes Comunales se niegan a pagarles la totalidad de sus tierras, las cuales fueron compradas a un precio ínfimo de 26 pesos por metro cuadrado.
La asignación de los recursos económicos por la compra de sus tierras es lo que ha provocado la división en la comunidad.
El proyecto fue avalado por la asamblea de comuneros, sin embargo, la inconformidad surgió tras el pago de 132 millones de pesos por el gobierno federal por las 502 hectáreas en las que se instalará el polo de desarrollo.
Del total de hectáreas, 370 hectáreas son de uso común y 132 son parcelarias; éstas últimas se pagaron de manera individual a cada uno de los comuneros que las tenía en posesión a un precio de 260 mil pesos por hectárea, es decir, el gobierno federal les compró el metro cuadrado al precio de un kilo de tortillas.
Las de uso común, se pagaron al Comisariado de Bienes Comunales. La demanda de un grupo de ciudadanos y comuneros de Santa María Mixtequilla, es que todos los habitantes sean beneficiarios de estos recursos económicos que se pagaron por las tierras, de acuerdo con el comunero Ricardo Vargas.
Para la mayoría de los habitantes de la comunidad, que no son comuneros, también deben participar de las utilidades de la venta de esas tierras de uso común. En particular, reclaman un derecho a partir en las decisiones sobre la manera en qué se ejercerán esos recursos en la comunidad.
Además, está el despojo de tierras a cerca de dos docenas de comuneros. Alberto Jiménez García, a quien el Registro Agrario Nacional (RAN) le reconoce la propiedad o posesión de 10 hectáreas de tierra, que se encuentran dentro de la zona en el que se construirá el parque industrial más grande de los que se establecerán en la región, es uno de los afectados por la negativa a pagarle la totalidad de sus tierras.
Durante la expropiación de tierras por el gobierno federal, únicamente le pagaron dos hectáreas y media. Pese al reconocimiento de las autoridades agrarias, diálogo con las autoridades de su comunidad y los escritos dirigidos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no ha encontrado justicia frente al despojo de 6.5 hectáreas del que es víctima.
Santa Cruz Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec
En Santa Cruz Tagolaba, una localidad del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, la oposición al proyecto del CIIT tiene su origen en particular en dos problemáticas: la primera de ellas, relacionada con el despojo de tierras de manera violenta por un grupo armado encabezado por el ex presidente de Bienes Comunales, Anastasio Gutiérrez García; la segunda, por el conflicto surgido a raíz de la inconformidad en la elección de sus nuevas autoridades agrarias, que mantiene dividido a los comuneros.
A esto, también se suman el asesinato y atentados contra activistas opositores al megaproyecto. Ellioth Escobar Gómez, coordinador estatal de la corriente Sol Rojo, también se han registrado atentados y asesinatos contra los defensores del territorio, son víctimas de la delincuencia organizada y de la omisión de la Fiscalía de Oaxaca y del Poder Judicial del Estado.
En este contexto fue asesinado el activista Jesús Manuel García Martínez en un ataque directo afuera de su casa el 27 de octubre de 2022; en la agresión resultó con heridas de bala Erick Sánchez González.
La disputa por el Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba resultó a partir de que un grupo de pobladores aseguró que durante la asamblea general para la elección de sus autoridades agrarias, se registró uso de firmas falsas de personas fallecidas.
En esta asamblea, presuntamente “amañada”, resultó como presidente del Comisariado, Sergio Gutiérrez García, hermano de Anastasio Gutiérrez apodado “Tacho Canasta” y de quien aseguran es el líder de un grupo criminal dedicado al despojo de tierras.
Esta elección tiene dividida a la comunidad agraria: una parte de comuneros mantiene tomadas las oficinas comunales y otro grupo, el salón de sesiones. La asamblea se encuentra impugnada, y legalmente, afirma el representante de Sol Rojo, no hay autoridad agraria legalmente reconocida.
En cuanto a los despojos, una de las víctimas, Norma Angélica Miranda Reyna de 58 años de edad, afirma que el 12 de marzo de 2020, los hermanos Anastasio y Sergio Gutiérrez, junto con grupo de hombres armados, la sacaron a ella y a su esposo por la fuerza de su propiedad, la cual tiene una extensión de 33 hectáreas.
“Rociaron gasolina sobre la casa y le prendieron fuego, destruyeron las galeras y se robaron mis 40 gallinas, mis 50 borregos y 33 ganados”, denuncia. Las tierras de Angélica Miranda están situadas a aproximadamente 100 metros de la carretera transístmica.
“Son puro delincuente, señores, son puro delincuente con machete, con armas, echaron balazo, y ahora dice, que si vamos, nos van a quemar vivos, qué hicimos, salimos con mi esposo y con mi familia. Dicen que no es mi terreno, que no soy dueña de ahí, cómo no voy a ser dueña si yo tengo mis papeles, tengo mi constancia y tengo el predial, estoy pagando predial cada año. Y dicen que no es mío, vaciaron gasolina dónde estábamos, qué hicimos, corrimos, dejé mi ganado ahí, dejé mis chivos, dejé todo ahí, el material de mi esposo, todo ahí lo dejamos”.
No es la única víctima de Tacho Canasta. Juan Ventura afirma que también sufrió el despojo de sus propiedades por estos dos hermanos. “Me dijeron que me fuera o me iban a hacer picadillo, que me iban a asesinar. Hemos sido muy pacientes, demasiado pacientes con la actitud del gobierno, porque lo más preciado es la vida. No nos vamos a ir a confrontar con ellos, para eso están las instituciones”.
Ellioth Escobar sostiene que estos hermanos encabezan un grupo criminal dedicados al despojo de tierras, y que sus acciones se han incrementado desde la ejecución del proyecto del CIIT.
Puente Madera, San Blas Atempa
Es en Puente Madera, localidad de San Blas Atempa, donde el gobierno federal ha encontrado la mayor resistencia para continuar con este megaproyecto. Hasta ahora, los comuneros han parado cualquier pretensión de iniciar con los trabajos para la construcción del primero de los diez polos de desarrollo o parques industriales.
Esto, sin embargo, ha tenido sus consecuencias para los opositores: la Fiscalía General de Oaxaca ha logrado que se libren 17 órdenes de aprehensión contra comuneros, a quienes acusa de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio.
La resistencia de la comunidad se remonta al 13 de marzo de 2021 cuando se realizó una asamblea comunitaria en el palacio municipal de San Blas Atempa para aprobar o no la instalación de un parque industrial en tierras de uso común conocidas como “El Pitayal”. La asamblea fue convocada por el ex presidente municipal de San Blas Atempa y actual secretario de Administración del Gobierno de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.
Los pobladores de Puente Madera advirtieron la presencia de personas “acarreadas” que no pertenecían a la comunidad y cuando reclamaron, tuvieron que retirarse de la asamblea porque fueron agredidos a botellazos por el resto de los asistentes.
Eso no los detuvo, bloquearon ese día por varios horas la carretera transístmica; sin embargo, fue insuficiente: más tarde se anunció que San Blas Atempa fue la primer comunidad del Istmo de Tehuantepec en autorizar la construcción de un parque industrial en tierras de uso común conocidas como “El Pitayal”.
Los opositores solicitaron la copia de la lista de asistencias y el acta de asamblea de ese día al Tribunal Agrario, y detectaron firmas de comuneros que ya habían fallecido. Con estas pruebas, interpusieron un amparo que les fue concedido y mantienen en el limbo el futuro del parque industrial.
Adicionalmente continuaron con las protestas y bloqueos a la carretera transístmica. En uno de ellos, desembocó en la quema de vehículos oficiales. La Fiscalía de Oaxaca inició carpetas de investigación en contra de 17 comuneros de Puente Madera y obtuvo órdenes de aprehensión, entre ellos, dos mujeres de la tercera edad, Josefina Reyes Ruiz de 68 años y Silvia Reyes Osorio de 55 años de edad.
Pero la única persona que ha sido detenida hasta ahora es Víctor Hernández, principal dirigente opositor a la construcción del parque industrial en “El Pitayal”. El 17 de enero de 2023 fue detenido, a los pocos días del inicio del gobierno de Salomón Jara Cruz. Actualmente sigue su proceso en libertad y el resto de las órdenes de aprehensión no se han ejecutado.
“Con la llegada del gobernador Salomón Jara Cruz, de Morena, ordenó mi detención, me vinculan a proceso, en este momento estoy en ese proceso de juicio, de demanda, los compañeros están con las órdenes de aprehensión, pero eso no apaga la lucha de Puente Madera”, afirma.
Desde la llegada de la “Primavera Oaxaqueña”, señala Víctor Hernández, la presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y de la Policía Estatal, se ha incrementado en la comunidad de Puente Madera; montan, menciona, operativos para supuestamente detectar motocicletas robadas, pero en ellos, lanzan amenazas contra los habitantes.
También, dice, han sufrido amenazas vía telefónica y otros han sufrido intentos de soborno o agresiones físicas en las que ha participado el hermano del secretario de Administración del Gobierno de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.
. Sus reclamos van desde las afectaciones por daños ambientales, despojo de sus tierras, la modificación en sus formas culturales y sociales de vida, el incremento de la violencia, la presencia con mayor fuerza de la delincuencia organizada, carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra las personas defensoras del territorio.){kind=link}