El asesinato de la defensora indígena del territorio y medio ambiente Berta Cáceres, en Honduras, ocurrido en 2016, fue una operación criminal planificada y financiada con recursos de dos bancos internacionales de desarrollo (de Europa y Centroamérica), para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres, confirmó este lunes 12 de enero de 2026 el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) quienes hicieron entrega de su Informe Final, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa, Honduras.
Los investigadores del GIEI concluyeron que una red criminal ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, desvió el 67% de los más de US$18,5 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial (FMO) para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, con el fin de pagar operaciones ilegales de vigilancia e inteligencia, incursiones armadas y el asesinato de Cáceres.
Casi desde el principio, la sospecha apuntaba al entramado de empresarios de la familia Atala Zablah , uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos y otros rubros. Pero la justicia hondureña nunca ha llegado a ellos, ni siquiera a Daniel Atala, gerente financiero de Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente: su presidente ejecutivo, David Castillo, fue condenado por el asesinato de Cáceres en 2021. Ahora, el GIEI dibuja a detalle la actuación y comunicaciones de Daniel y otros integrantes de la familia Atala Zablah, en los días y meses anteriores y posteriores al ataque.
Desde finales de la década 2000, Desa una de las empresas de los Atala Zablah, impulsó la construcción de una presa en el occidente de Honduras, conocida como Agua Zarca, con el objetivo de producir energía hidroeléctrica. Pero Cáceres y la organización que fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se opusieron vehementemente a la construcción de la represa que se ubicaba en territorio indígena en el occidente de Honduras que el pueblo lenca considera sagrado. Tras años de resistencia encabezada por el COPINH, un grupo de sicarios asesinó a Cáceres en su casa, en el suroeste de Honduras, a principios de marzo de 2016, y dejó herido al activista ambiental mexicano Gustavo Castro.
Finalmente el GIEI pidió que se investiguen las comunicaciones de los Atala con los ejecutores del asesinato y el resto de funcionarios de Desa. Además de Castillo, de momento solo hay otro ejecutivo de la empresa condenado, Sergio Rodríguez. También pide que se investigue las relaciones de Desa con el Ministerio de Seguridad. “Documentos y mensajes develan una relación sostenida entre directivos y accionistas de Desa con el entonces ministro de Seguridad, así como con elementos policiales, antes, durante y después del homicidio”, señaló el grupo.
Tras las investigaciones, la CIDH cuenta con elementos renovados y actualizados que le permitirán continuar, junto con los familiares y el Estado, su labor de seguimiento en el caso de Berta Cáceres, así como en otros casos de personas defensoras de derechos humanos que enfrentan atentados y represalias por su labor.
