Juan Carlos Zavala |
Es el año de 2005. El abogado Héctor Uraga Velasco entra a la iglesia en el centro de la ciudad de Oaxaca en la que se realizaba una misa de cuerpo presente, se acerca al féretro y mira en su interior, confirma la muerte de una mujer y sale del recinto religioso. Hace una llamada e inmediatamente un grupo de hombres rompe las cerraduras de la puerta principal de la casa de esa mujer y vacían el interior: ropa, muebles, pinturas, trastes. Consuma el despojo, que fraguó durante un año.
La titularidad de la propiedad aún continúa en disputa. La familia ha recurrido a todas las instancias posibles para recuperar la casa, sin ningún resultado. Ahora, esa casa es un hotel que se encuentra frente a la terminal de autobuses ADO en la capital del estado y aparece como propietario el notario Gilberto Gamboa Escobar, uno de los hombres señalado como prestanombres del exgobernador José Murat Casab, y quien ha ocupado diversos cargos públicos tanto en su gobierno como en el de su hijo, Alejandro Murat Hinojosa; una operación en la que estuvo involucrado el notario Omar Habacuc.
En la administración anterior, tan sólo, Gilberto Gamboa fungió como Oficial Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Dirección General de la Función Registral.
Este despojo forma parte de una red de delincuencia organizada que involucra a funcionarios, actuarios y notarios públicos. Héctor Uraga fue detenido en el año 2014 por falsificación de documentos cometido en agravio de la sociedad por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General de Oaxaca), pero fue liberado pocos días después.
Este grupo de delincuencia organizada opera al menos, desde el año 2003, en el sexenio de José Murat, y resurgieron con fuerza en el sexenio de su hijo Alejandro Murat Hinojosa; fue bautizado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como “Cártel del Despojo”, en el que la figura visible es el notario público Jorge Merlo Gómez, quien aparece señalado, incluso desde los casos registrados desde hace 20 años.
Jorge Merlo fue detenido y después liberado en Italia, donde continúa prófugo porque la justicia mexicana no ha solicitado su deportación, y donde se refugia para evitar ser detenido por las autoridades estatales, por el caso de despojo, falsificación de documentos y suplantación de la identidad de los hermanos Gómez Conzatti.
El despojo de propiedades, en el que están involucrados los servidores públicos, no sólo ha requerido del uso de las instituciones públicas y de la fe de los notarios, también han recurrido a la violencia y a los asesinatos. En este trabajo, enlistamos algunos de los asesinatos vinculados a esta red de despojos.
Asesinatos de comuneros de Ocotlán
En el gobierno de José Murat, al menos ocho comuneros y comuneras de Ocotlán de Morelos fueron asesinados para despojarlos de terrenos con el objetivo de construir la súper carretera a la región Costa de Oaxaca, y mejorar la conectividad de los destinos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido con la capital del estado.
Para esa operación, pusieron a la cabeza a Gabino D. L., quien era presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ocotlán de Morelos, actualmente preso por el delito de homicidio, entre otros. Estas acusaciones constan en las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas 334/OM/2002 por el delito de despojo, otra está en la averiguación previa 338/OM/2003 por el delito despojo, en la averiguación 14/OM/2004 por el delito de fraude, en la 303/OM/2006 por el delito de daños y que el que se configure, en la 69/DGSP/2007 por los delitos de abuso de autoridad, amenazas y despojo, en la 511/OM/2010 por el delito que se configure, en la 46/DGSP/2012 por los delitos de falsificación de documentos en general y usos de documentos falsos.
En el año 2007 se emitió la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, 65/2007/31/Juzgado Mixto de Primera Instancia, por los delitos de abuso de autoridad y daños; tres años antes, también se emitió la orden de aprehensión en su contra 66/2004, por el delito de fraude genérico.
De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, Gabino D. L. recibió al menos ocho millones de pesos al autorizar 25 hectáreas para la construcción del libramiento en la carretera a Puerto Escondido, las cuales fueron despojadas a pobladores de la comunidad de Ocotlán, amenazas y homicidios en contra de mujeres comuneras. En total, advierte, está relacionado con el asesinato de 32 personas, entre víctimas de comuneros y comuneras, y testigos de este despojo.
Atentado contra el periodista Edgar Leyva y el asesinato de sus familiares
El periodista Edgar Leyva y su familia también fueron víctimas de despojo en 2018 por Gabino D.L. hecho que fue denunciado mediante la carpeta de investigación, pero que no prosperó hasta que no hubo víctimas mortales. Las amenazas siguieron así como la presentación de más denuncias por los delitos de despojo, amenazas y daños, en su contra y contra otros implicados: una en 2018, dos en 2020 y dos en 2021.
El 3 de febrero de 2021, Edgar y sus familiares fueron citados por la Agencia Estatal de Investigaciones a una diligencia de inspección ocular en los terrenos; pero no se llevó a cabo por la oposición de Gabino D. L., según consta en la carpeta de investigación. Aún así, deciden ir al terreno. De acuerdo con la narración del periodista, cuando ya estaban en el predio, llegan dos hombres en un vehículo y preguntan por él. Su tía y su hermana se acercan al automóvil e inmediatamente después son baleadas. La tía Bernarda Ramírez recibió nueve balazos y su hermana Rosa Isela, 19 balazos.
Finalmente Gabino D. L. fue arrestado por la Fiscalía General de Oaxaca por el delito de despojo contenido en la carpeta de investigación 3973/Ocotlán/2018 en la causa penal 1161/2021; y por los delitos de homicidio y feminicidio, en la causa penal 155/2021 que se desprende de la carpeta de investigación 37628/FVCE/CORDI-Ocotlán/2020 que inicialmente se inició por los delitos de amenazas y daños, pero que cambiaron por los delitos de homicidio y feminicidio de la hermana y tía de Edgar Leyva.
Asesinato de la candidata del PAN
El 20 de mayo de 2021, fue asesinada la ex diputada y candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Ivonne Gallegos Carreño. La candidata viajaba en su camioneta blanca cuando fue alcanzada por un comando en la desviación a la agencia de Santo Tomas Jalietza, localidad de Ocotlán de Morelos.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, su asesinato está relacionado con su solicitud de la presencia de la Guardia Nacional en Ocotlán para investigar los despojos en este municipio e impedir que continuaran ocurriendo.
Asesinato del director de la AEI
Un mes después, el 29 de junio de 2021, fue asesinado el director de investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Omar Sabino Chepetla Jiménez, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en San Antonio de la Cal, un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca.
El reporte de seguridad pública, detalla que Omar Chepleta viajaba en una camioneta Nissan modelo NP300 doble cabina, sin placas de circulación, en la ribera del Río Salado, cuando fue alcanzado por sus victimarios, quienes dispararon a quemarropa.
Las investigaciones de la Fiscalía vinculan su asesinato al Cártel del Despojo, porque estaba a cargo de las investigaciones contra este grupo criminal dedicado al despojo de propiedades por lo menos, desde el año 2002.
Asesinato del magistrado Enrique Pacheco
La mañana del lunes 13 de septiembre de 2021, fue asesinado afuera de su casa el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Enrique Pacheco Martínez. El atentado se realizó en la calle Las Rosas, entre Belisario Domínguez y Eucaliptos, en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca.
Su asesinato ocurrió poco antes de las 7:00 horas cometido minutos antes de las 7:00 horas, cuando Pacheco Martínez salió del domicilio de sus padres, cuando sujetos supuestamente vestidos como personal de limpieza, disparó en su contra. Pacheco Martínez se desempeñaba como magistrado desde el año 2015, cuando la institución se llamaba Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El presidente de la república, López Obrador, afirmó en su comparecencia que el crimen está relacionado con el Cártel del Despojo; así como el asesinato del asesor del ayuntamiento de Juchitán, Carlos Eduardo López, y de la candtdai del PAN, Ivonne Gallegos.
Caleb Gómez, víctima junto con su familia de despojo cometido por el notario Jorge Merlo, recuerda que el ex fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, ante el Congreso de Oaxaca el 30 de agosto de 2022 afirmó que estos despojos y homicidios están relacionados con una estructura criminal; entre estos homicidios, afirmó, está el asesinato del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Pacheco, quien fue ejecutado al salir de su hogar.
Y además, dice, resulta que una de las propiedades Enrique Pacheco colinda con más de 30 metros lineales con una de las propiedades que se pretende despojar a los hermanos Caleb Gómez y que ahora el notario Jorge Merlo se ostenta como propietario.
“Más señales no se puede. Hay que tener instinto de sobrevivencia”, apunta para precisar su decisión de desplazarse y ocultarse por temor a ser víctima él y su familia en su integridad física.
Asesinato de Carlos Eduardo López
Carlos Eduardo López, fue asesinado el 3 de junio de 2022 en Juchitán de Zaragoza. Al momento del crimen, se desempeñaba como asesor en el ayuntamiento de Juchitán y como operador financiero electoral a nivel municipal vinculado a la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), organización del actual secretario de Administración, Antonino Morales Toledo – también vinculado al robo de combustible en la región del Istmo de Tehuantepec -.
El entonces subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que su asesinato está relacionado con la red denominada “Cártel del Despojo”. En este caso hay un detenido intelectual Nicandro N., quien fungía como delegado de Catastro en Juchitán de Zaragoza y un material de nombre Jesús N.
Carpetas de investigación
La Fiscalía General de Oaxaca ha informado que tiene integradas un total de mil 467 carpetas de investigación en el periodo que comprende de marzo de 2021 a julio de 2022, de las cuales 213 carpetas de despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.
El ex fiscal general Arturo Peimbert Calvo, confirmó la participación de notarios públicos en la comisión del delito de despojo de inmuebles, en una red delictiva que además participan abogados, corredores públicos autoridades comunales y ejidales, autoridades registrales, autoridades municipales y en ocasiones el propio crimen organizado.
Actualmente cinco de los seis notarios que integran la Mesa Directiva del Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca enfrentan acusaciones de probables hechos de corrupción relacionados con el despojo de bienes y con vínculos con la elaboración de empresas “fachada” o “fantasma”, entre otros.
El notario público número 117, Noé Salvador Ramos – quien funge como nuevo presidente del Colegio de Notarios del Estado – es señalado de tener antecedentes penales tras ser acusado de fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Como secretaria del Colegio fue electa Gilma Gamboa Escobar, notaria número 116 e hija del ex oficial mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Gilberto Gamboa Medina. El Universal publicó en julio de 2018, que cuando su padre fue funcionario del IEEPO, la fedataria fue beneficiaria de una plaza como profesora de enseñanza superior titular “B” de tiempo completo en el Centro Regional de Educación Normal que se encuentra en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Su hermana Indira Gamboa, quien también es notaria número 120, obtuvo una plaza como profesora de enseñanza superior titular “B” de tiempo completo en la Escuela Normal Rural Vanguardia que se encuentra en Villa de Tamazulápam del Progreso, municipio de la región Mixteca, de acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Además, Indira Gamboa parece como concesionaria de la Gasolinera Servicios Gaseros del Golfo con número de estación 12838 ubicada en Periférico esquina con Guerrero en Oaxaca de Juárez y la cual se vio involucrada en el presunto conflicto de interés cuando se obligó a los empleados del IEEPO a cargar de combustible los vehículos de esta dependencia, según la circular con fecha de 18 de febrero de 2017, firmada por el entonces jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, Jacobo Chong Castillo.
Mientras que su hermano, Gilberto Gamboa Escobar, exdirector general del Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca, dependencia que ha sido implicada por el hermanos Gómez Conzatti en la desaparición de sus propiedades, luego de que el Registro Civil alterara y desapareciera sus actas de nacimiento.
Carlos Salomón Velásquez Chagoya, notario 104 y designado como Tesorero del Colegio de Notarios, ha sido implicado en el despojo de 300 hectáreas a Tilzapote, una comunidad de la Costa de Oaxaca, para la construcción de un hotel. De acuerdo con la abogada Edith Santibáñez, desde la notaría de su madre María Antonieta Velásquez Chagoya, pre fabricaron escrituras a través de una compraventa para hacer pasar las tierras como propiedad privada.
A esta lista se suma el notario 100, Arturo David Vásquez Urdiales, quien funge como presidente suplente del Colegio de Notarios de Oaxaca. Según la diputada federal Margarita García García, con escrituras y documentos falsos que fueron ilegalmente certificados en el archivo general de Notarías – por el cual estuvo presa la ex titular Escarlett Vásquez Guerra – se despojó de los terrenos entonces propiedad de la empresa Novopan de México, SA de CV. Vásquez Urdiales, asegura, estuvo involucrado en esquema de alteración de registros públicos y falsificación de escrituras, defraudando en aquella ocasión al Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Actualmente, el notario número 100 también fue denunciado por el despojo de una casa y predio de tres mil metros cuadrados en San Raymundo Jalpan. La denuncia fue interpuesta por René Jarquín Gordillo, quien se ha desempeñado como alcalde de San Raymundo Jalpan; quien además acusa al ex director de Catastro, Armando Zárate Medina, y al ex director del Instituto de la Función Registral, Gilberto Gamboa Escobar, por presuntamente alterar, cambiar y modificar documentos oficiales, con la intención de despojarlo de estas propiedades”, detalla la legisladora.
Y finalmente, el notario 90 Octavio Manzano Trovamala Huerta, quien funge como Tesorero Suplente del Colegio de Notarios. En agosto de 2019, El Universal publicó que este notario está relacionado con la constitución de empresas “fantasma” que recibieron contratos por hasta 36 millones de pesos del Gobierno de Oaxaca; entre ellas, MOCE Publicidad S. A. de C. V. y Edificaciones Forteoax S. A. de C.V. Ambas empresas comparten un mismo domicilio falso y en una de ellas aparece como socio un funcionario de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), quien negó conocer al notario Trovamala Huerta.
