En un momento crucial para el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para resolver el caso Guiengola, una disputa que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno de los derechos históricos de los pueblos indígenas. La nueva integración del máximo tribunal no sólo enfrenta un expediente más: ha mostrado un interés creciente en ir definiendo, con mayor claridad, el alcance de los derechos de los pueblos originarios en México, particularmente en lo que respecta al control, gestión y protección de sus territorios y patrimonio cultural.
El caso pone en evidencia una deuda estructural. Guiengola, un centro ceremonial y zona arqueológica zapoteca ubicada en Oaxaca, permanece sin el decreto declaratorio, lo que la deja en una condición de vulnerabilidad extrema. La ausencia de reconocimiento legal ha facilitado invasiones, saqueos y el deterioro progresivo de un sitio que no sólo tiene valor histórico, sino que forma parte de la memoria viva de las comunidades que lo rodean.
La omisión del Estado no es nueva. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado de la protección del patrimonio arqueológico, ha sido incapaz de garantizar la conservación efectiva de múltiples zonas en el país. La falta de declaratorias oficiales, sumada a la escasez de recursos y a una política errática, ha derivado en la pérdida irreversible de sitios arqueológicos. En muchos casos, estos espacios han sido invadidos o incorporados a dinámicas urbanas y económicas sin ningún tipo de regulación.
El problema no es únicamente técnico o administrativo; es profundamente político. Durante décadas, el modelo de gestión del patrimonio ha excluido sistemáticamente a los pueblos indígenas, tratándolos como espectadores de una historia que les pertenece. La narrativa oficial exalta las civilizaciones originarias del pasado, pero ignora a sus descendientes contemporáneos.
La situación alcanza niveles alarmantes incluso en sitios emblemáticos como Teotihuacán, donde recientemente la violencia se hizo presente. La muerte en las inmediaciones de una de las zonas arqueológicas más importantes del país no sólo refleja la crisis de seguridad, sino también el abandono institucional que atraviesa estos espacios. Lo que debería ser un territorio de memoria y resguardo se convierte, cada vez más, en escenario de riesgo.
Frente a este panorama, el papel de Litigio Estratégico Indígena AC resulta fundamental. La organización ha impulsado el caso Guiengola como parte de una estrategia más amplia para reposicionar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en la defensa de su patrimonio. Su trabajo articula herramientas jurídicas nacionales e internacionales con las demandas históricas de las comunidades, buscando sentar precedentes que transformen la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Mariana Yañez, activista de Litigio Estratégico Indigena señala que el litigio no sólo cuestiona la falta de protección de un sitio específico, sino que abre la puerta a una discusión más profunda: quién tiene la autoridad para decidir sobre los territorios ancestrales y bajo qué condiciones. En el fondo, se trata de desmontar un modelo centralista que ha monopolizado la gestión del patrimonio y ha relegado a las comunidades a un papel marginal.
La nueva Suprema Corte parece consciente de esta tensión. En distintos asuntos recientes, sus integrantes han comenzado a perfilar criterios que reconocen la autonomía, la consulta previa y los derechos culturales de los pueblos indígenas. El caso Guiengola podría convertirse en un parteaguas si el tribunal opta por consolidar esta línea y establecer obligaciones claras para el Estado en materia de protección patrimonial con participación comunitaria.
La urgencia es evidente. Cada zona arqueológica que se pierde representa una fractura en la historia colectiva del país. Pero más grave aún es la continuidad de un modelo que excluye a quienes han sido, históricamente, los verdaderos guardianes de ese patrimonio.
México enfrenta la oportunidad de redefinir su relación con los pueblos indígenas y con su pasado. No basta con preservar vestigios; es necesario reconocer derechos. La resolución de la SCJN no sólo tendrá implicaciones legales: será una señal política sobre el tipo de país que se busca construir. Uno que continúa administrando la memoria desde arriba, o uno que finalmente reconoce a los pueblos indígenas como protagonistas de su propia historia.
