Juan Carlos Zavala |
El presidente del Comité de Víctimas “19 de Junio”, Santiago Ambrosio Hernández, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de retrasar el proceso judicial contra los mandos policiacos señalados como autores materiales del asesinato de siete personas y de lesionar a más de un centenar, durante el desalojo de un bloqueo carretero el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.
Este año, explicó, se debió iniciar con el desahogo de las pruebas e ir a la etapa final para que un juez dicte sentencia contra los imputados, que se trata de dos mandos federales y dos estatales; sin embargo, se atrasó el proceso y no han fijado una fecha para reanudarlo.
“De ahí para allá no ha habido nada. Nosotros hemos estado exigiendo y no se ha dado porque la Fiscalía General de la República está dilatando todo. Ya se presentaron las pruebas de todo, ya nada más estamos esperando que turnen para que puedan dar fecha específicamente y para que puedan decir cuándo va a ser las audiencias. El juicio, pues va para largo. Le están jugando con los tiempos y aún todavía no se tiene nada”, aseguró.
El 28 de agosto de 2025 fue detenido el policía vial José Luis Lazo Sánchez, quien se encontraba prófugo de la justicia y a quien se le imputa la responsabilidad en el asesinato de tres personas que participaban en las protestas de Asunción Nochixtlán; hace dos semanas, sus abogados solicitaron el cambio de medida cautelar para que siguiera su proceso en libertad; pero esta solicitud fue rechazada por el juez.
Actualmente, únicamente dos policías se encuentran en prisión preventiva y otros tres llevan el juicio en libertad.
Santiago Ambrosio precisó que el Comité de Víctimas “19 de Junio” representa a 65 personas que resultaron lesionadas durante el desalojo violento en el que participaron fuerzas federales y estatales; cuatro de ellos, son familiares de algunas de las personas que murieron ese día.
Las 65 personas decidieron rechazar la indemnización propuesta por el gobierno federal y optaron por continuar con el proceso judicial en el que buscan lograr justicia por las lesiones que sufrieron y la muerte de sus familiares. “Nosotros no estamos pidiendo reparación del daño, nosotros vamos por la justicia”, dijo.
El resto de las víctimas, según Santiago Ambrosio, aceptaron la reparación del daño o indemnización propuesta por el gobierno federal. En su caso, explicó, sin aceptan la reparación del daño se corre el riesgo de que se extinga la acción penal de la misma forma en que ocurrió con las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec.
Para el líder el Comité de Víctimas, el retraso en el proceso judicial promovido tanto por la FGR como por los jueces federales, tiene la intención de cansar y desilusionar a las víctimas para que abandonen o desistan del proceso judicial.
