El Congreso de Oaxaca aprobó con 30 votos a favor, la reforma constitucional con la que se desaparece el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno de Oaxaca (OGAIPO), creado el 14 de abril de 2021.
El dictamen contiene la iniciativa del gobernador, Salomón Jara Cruz, para la desaparición del organismo; sus funciones estarán a cargo de una dependencia del Poder Ejecutivo.
Lo únicos diputados que votaron en contra fueron Javier Casique del PRI y Alejandra García Morlán del partido Movimiento Ciudadano.
La reforma explicaron, tiene por objetivo armonizar el marco normativo vigente en esta materia en cumplimiento a la reforma constitucional del pasado 20 de diciembre de 2024, mediante el cual, se determinó la extinción de organismos garantes de la transparencia, permitiendo con ello, un nuevo modelo y un ahorro presupuestal a favor de la hacienda pública.
Para tal fin se integrarán unidades administrativas en las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) que asuman la competencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Los recursos financieros que correspondan a la OGAIPO una vez terminada su extinción serán transferidos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y ésta a su vez, los transferirá a la Entidad o Dependencia que asuma las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Los diputados aseguraron que con esta reforma, los derechos laborales de las y los servidores públicos serán respetados en su totalidad en los términos de la legislación aplicable, así como también conforme a las modalidades laborales a las que estén sujetos con el Órgano Garante.
La diputada Dulce Belén Uribe Mendoza y el diputado Israel López Sánchez del partido político Morena coincidieron en señalar que esta reforma representa una reingeniería institucional, busca reducir las cargas administrativas y económicas innecesarias para el erario público, además, de tratarse de un compromiso renovado con la rendición de cuentas y racionalidad financiera para maximizar su utilidad social en políticas públicas.
