Juan Carlos Zavala
En sólo un año, el gobierno de Salomón Jara Cruz destruyó todos los avances y acuerdos logrados con la comunidad de San Vicente Coatlán para lograr la continuidad y culminación de la autopista a la Costa de Oaxaca, y mantener cierta paz en el conflicto agrario con el municipio de la Villa Sola de Vega.
Pero, además, la administración de Jara y el trabajo de Jesús Romero López como secretario de Gobierno propició la división en la misma comunidad de San Vicente Coatlán: un conflicto interno que orilló a renunciar al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Enrique Hernández.
Ahora no sólo está en riesgo la conclusión de la súper carretera Barranca Larga – Ventanilla, también coloca nuevamente la posibilidad de que se reavive la violencia en esta zona del estado.
Esta fue la principal causa por la que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, canceló su visita a San Vicente Coatlán como parte de su gira en Oaxaca para recorrer las obras emblemáticas de su gobierno en el estado este fin de semana pasado.
Esta cancelación, de acuerdo con autoridades del gobierno federal, es a causa de la conflictividad interna en la comunidad y que supone la ruptura en las mesas de trabajo y negociaciones para permitir la continuidad de las obras con las cuales concluir los trabajos de la súper carretera a la Costa Barranca Larga – Ventanilla, y su inauguración.
El riesgo, aseguraron, no sólo es que el gobierno federal tenga que replantear el trazo de la autopista que cruza por las tierras de esta comunidad de la Sierra Sur, sino que también regrese la violencia.
Uno de los primeros síntomas claros de esta división al interior de la población se mostró cuando un grupo de ex autoridades agrarias y un grupo de comuneros bloquearon la súper carretera para denunciar el incumplimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cargo de José Luis Chida Pardo, en la culminación de obras a cambio de permitir la conclusión de la autopista Barranca Larga – Ventanilla. En esa protesta, acusaron de presunta corrupción al actual Comisariado de Bienes Comunales. Otro bloqueo reciente, fue el que realizaron pobladores de Santa Catarina Coatlán.
Pero las inconformidades se acumulan desde el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, y se han agravado en el gobierno de Salomón Jara Cruz, y en las que han influenciado tanto sus declaraciones en medios de comunicación, así como las realizadas por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
Con motivo de su primer informe de gobierno, tanto Salomón Jara como Jesús Romero han presumido que resolvieron el conflicto agrario entre San Vicente Coatlán y Villa Sola de Vega, ambas poblaciones disputan la propiedad de 19 mil 980 hectáreas. Uno de los videos de propaganda del mandatario en el marco de su primer informe, así lo asegura.
Sin embargo, es falso que el conflicto agrario se haya solucionado. Aún los comuneros de San Vicente Coatlán sostienen que la sentencia de hace 10 años del Tribunal Unitario Agrario a favor de Sola de Vega está viciada porque no se hizo una defensa correcta, y apunta a que se retome el conflicto en tribunales, luego de que los títulos primordiales le darían la razón a San Vicente Coatlán, y que datan del año de 1709.
Los comuneros, aseguran los funcionarios federales, han considerado estas declaraciones del gobernador y de Jesús Romero como una burla.
A esto se suma la omisión en el cumplimiento de compromisos, los engaños de las autoridades estatales y la manipulación de ex liderazgos de la comunidad; esto último, precisaron, es lo que principalmente ha propiciado la división al interior de la comunidad.
“Es una bomba de tiempo”, sostuvieron y acusaron al gobierno de Salomón Jara de alentar a ex autoridades municipales Julián Hernández, Rafael Damián, Dominguito Antonio y Salomón García para dividir a la población, sobre todo por la disputa de los recursos económicos que implican las obras que se realizan en la comunidad.
Por ejemplo, mencionaron el bloqueo carretero en el paraje conocido como El Portillo realizado el 7 noviembre del 2023 por un grupo de aproximadamente 30 personas quienes cerraron el acceso principal a San Vicente Coatlán y suspendieron todos los trabajos de la súper carretera.
En ese bloqueo reclamaron la falta de solución del conflicto agrario, y fue liderado por las ex autoridades de Bienes Comunales y autoridades municipales Dominguito Antonio, Julián García Cruz, Federico Cruz, Rafael Damián, Salomón Santiago, Hipólito Osorio, Ignacio Osorio, Marcos Hernández, Bernardo Hernández, José Luis Santiago.
Durante una reunión, aseguraron, en la que estuvo presente Jesús Romero y Diego de la Cruz, solicitaron que sean Julián García y Dominguito Antonio quienes sean los representantes para verificar todo el desarrollo de las obras que se realizan en la comunidad, lo cual es contrario a lo que se ha acordado en la asamblea de comuneros.
El centro de esta división son las obras a las que se comprometieron los gobiernos federal y estatal con San Vicente Coatlán.
Entre ellas está la obra de drenaje que realizará el gobierno de Oaxaca, la cual fue adjudicada a una empresa por la Comisión Estatal del Agua; pero sorpresivamente, Jesús Romero y el titular de la Secretaría de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra, quitaron la obra y les informaron que sólo les pagarían 10 de los 15 millones de pesos que se han invertido hasta ahora. La inconformidad y las acusaciones de corrupción se agravaron porque la obra originalmente costaría 80 millones de pesos, ahora, aseguraron, costará alrededor de 180 millones de pesos.
A esta, se suma la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de 38 millones de pesos, la casa comunal de 35 millones de pesos, y 12 caminos en la población con un costo aproximado de 60 millones de pesos.
Entre otras obras que han generado muchos negocios por parte de las autoridades y las empresas que están ejecutando las obras, está dividiendo al pueblo de San Vicente Coatlán. Esa es la razón por la cual el grupo de Dominguito Antonio ha desconocido a la autoridad municipal y al Comisariado de Bienes Comunales. Es este vacío de poder, afirmaron, que el presidente López Obrador canceló su visita de último momento.
Por otra parte, el grupo de Dominguito Antonio es acusado por la misma comunidad de haber recibido 50 millones de pesos de parte del gobierno del estado desde hace 15 años, cuando se iniciaron los trabajos a la súper carretera, con la advertencia constante de violencia.
Mientras que Jesús Romero es acusado por la comunidad de San Vicente Coatlán de favorecer a la Villa Sola de Vega, supuestamente por su pasado familiar, y de ahí, afirmaron, las obras y recursos asignados a ésta última población, con el descontento de la primera y la ruptura en las mesas de negociación para llegar a una solución al conflicto agrario.
La disputa agraria, además, tanto el gobierno federal y estatal la han dejado de lado mientras continúen las obras de la autopista a la Costa de Oaxaca. En más de 80 mesas de diálogo en los últimos 12 años, explicaron, Villa Sola de Vega se ha negado a aceptar la propuesta de solución que consiste en el reparto de las tierras en disputa y una indemnización de 460 millones de pesos.
Es por eso que San Vicente Coatlán, con sus títulos primordiales que datan del año 1709, planea recurrir nuevamente a los tribunales agrarios para revertir la sentencia a favor de Villa Sola de Vega, lo que extendería el conflicto por varios años más.
Durante estos años, 48 personas de San Vicente Coatlán han muerto por el conflicto agrario. Desde los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat, se comprometió la ayuda a los familiares de las víctimas con la cantidad de 480 mil pesos por cada víctima, monto que se determinó con la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, nunca se cumplió con este apoyo, y el gobierno de Murat pretendió bajarlo a la cantidad de 30 mil pesos por víctima. La asamblea de comuneros, entonces, corrió de la comunidad al ex secretario de gobierno, Francisco Javier García López.
En comunicados de prensa, Jesús Romero ha asegurado que los bloqueos a los trabajos de la autopista Barranca Larga – Ventanilla, son una medida de presión de grupos de interés. “La construcción de la vía no puede ser motivo para que de manera recurrente exijan cada año o cada ciclo, acciones, obras y beneficios”, ha declarado el secretario de Gobierno en la administración de Salomón Jara.
