Juan Carlos Zavala
Funcionarios de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) del Gobierno de Oaxaca, incluido el titular Víctor López Leyva, fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (ASF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los delitos de tráfico de influencias y desvío de recursos.
La denuncia fue interpuesta por Jesús Pacheco Arango, ex coordinador general del Programa de Agronegocios de la Sefader.
El ex servidor público informó a Estado20 que la denuncia la presentó en el año 2023 ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Honestidad, Transparencia y Función Pública. Sin embargo, declaró que después de cuatro meses ninguna de estas dos instancias locales ha realizado acciones para investigar y sancionar los delitos que ha denunciado.
Particularmente, dijo que en la Secretaría de la Honestidad le han respondido que tienen mucho trabajo y por esa razón no han atendido su denuncia. Es por eso, explicó, que decidió recurrir a la SFP y la ASF.
De acuerdo con su denuncia, en la Sefader del Gobierno de Oaxaca se constituyó una red en la que participan funcionarios de la actual administración para desviar recursos públicos a través del Programa Agronegocios.
Este programa va dirigido a pequeños productores o pequeños empresarios dedicados a actividades agrícolas con el fin de que puedan adquirir infraestructura que les permita crecer e incluso, exportar sus productos.
Como coordinador general, Pacheco Arango se encargaba de supervisar la información en campo de todo el personal técnico, que la información del programa se llevará a todas las regiones, así como revisar los proyectos para validarlos.
Una de las primeras irregularidades que detectó es que parte del personal técnico era obligado a “pedir moches” a los campesinos a cambio de ser parte del programa que consiste en subsidios de hasta dos millones de pesos; la segunda, fue la existencia de “aviadores” entre el personal técnico y que resultaron ser ex funcionarios y diputados en gobiernos del PRI, y la tercera, la existencia de proyectos en los que era probable el tráfico de influencias e incluso, proyectos para favorecer a través de un prestanombre a la empresa Agro Bin Gansack, presuntamente propiedad del subsecretario de Agronegocios de la Sefader, Mario Robles González.
La red del tráfico de influencias e irregularidades en los proyectos del Programa de Agronegocios, aseguró, está encabezada por Víctor López, titular de la Sefader; Mario Robles, subsecretario de Agronegocios; y está integrada por Adalberto García Pérez, director de Fomento a la Inversión y Desarrollo de Mercados; Eusebio Atanacio Morga Herrera, coordinador de Proyectos; Marco Antonio Olivo Hernández, técnico en la región del Papaloapan; Ana Velasco Díaz, técnica en la región del Papaloapan, y Mario Vásquez Martínez, técnico en la región de la Costa.
En esta red, dijo, también están involucrados particulares como Jesús Alberto Calderón Pérez, funcionario de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), quien está relacionado con el supuesto pago ilegal en «sobres amarillos» al Personal Técnico; Carlos Bulmaro, contador de GSM CORPORATIVO, quien se encargaba del pago al personal técnico; Dionicio Raúl Suárez Hernández, contratista y comercializador, encargado de la construcción y equipamiento de los proyectos de inversión; Ramón Jui Gonzales, quien se encarga de la construcción de invernaderos y al mismo es beneficiado con un proyecto de inversión.
Entre sus hallazgos, explicó a Estado20, está que ex funcionarios están en la nómina de la Subsecretaría de Agronegocios, sin trabajar; así como empleados de la empresa Agro Bin; que hay prestanombres de ex funcionarios para aparecer en la nómina y que en la nómina hay personas en las que se omiten su nombre completo.
Algunos de esos “aviadores”, aseguró, están Jorge Guerrero Sánchez, ex diputado local del PRI, Eleno García Benavente, ex funcionario de la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad, René Sánchez Hernández, presidente de la Conaep Montes, y Jesús Alberto Calderón Pérez, actual funcionario de Sinfra. Mientras que de los empleados de Agro Bin que también están en la nómina de la Sefader señaló a María Victoria Hernández Martínez y Ricardo Pérez Viloria.
Pacheco Arango afirmó que los proyectos están adecuados para obtener el mayor subsidio posible (los dos millones de pesos) y así obtener mayores comisiones de cada uno de ellos (“moches”), que proyectos ya terminados fueron incluidos sólo para obtener el subsidio, prestanombres aparecen como beneficiarios para que funcionarios accedan a este recurso público, se otorgaron proyectos a contratistas de la Sefader y del DIF estatal, se otorgaron a constructoras y comercializadoras para que fueran los proveedores o constructores de los beneficiarios, pidieron una comisión a los agricultores a cambio de recibir el subsidio, y se obligó a los agricultores a estar sólo con un contratista.
El ex coordinador general del Programa de Agronegocios de la Sefader, Jesús Pacheco Arango, también presentó una denuncia por el delito de amenazas de muerte ante la Fiscalía General Anticorrupción contra Eusebio Atanacio Morga Herrera, coordinador de Proyectos del Programa Agronegocios.
Recientemente, dijo, a través de un funcionario de la Sefader pretendieron sobornar a cambio de que desistiera de sus denuncias. Le ofrecieron, detalló, darle nuevamente trabajo en la Secretaría e incluso, un subsidio para que también tuviera su invernadero; a lo cual, afirmó, se negó.
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