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miércoles, mayo 22, 2024

San José del Progreso: una década con heridas profundas

Reportajes

Juan Carlos Zavala

Eran los días previos a la fiesta principal en honor al santo católico San José. El Tsuru conducido por Bernardo Vásquez Sánchez llega al crucero vial de Santa Lucía Ocotlán, las boyas colocadas sobre la carretera federal le obligan a bajar la velocidad.

Otro vehículo le da alcance y quienes viajaban en él detonan armas de fuego. Una bala calibre nueve milímetros rompe la luneta. Después se le emparejan y lanzan una ráfaga de disparos.

Bernardo Vásquez pierde el control del vehículo y sale de la carretera. Rosalinda Dionisio, quien viajaba en la parte trasera, se incorpora para saber cómo se encuentra Bernardo y el hermano de este, Andrés Vásquez. De pronto todo quedó en silencio. La adrenalina, quizá, no le hizo darse cuenta ni sentir las heridas de bala expansiva nueve milímetros en su cuerpo: una de ellas en la pierna derecha que le destrozó los tejidos, arterias y le hizo perder la mitad del músculo; la segunda, en el hombro de su brazo izquierdo.

Son alrededor de las 20:00 horas del 15 de marzo de 2012. Andrés tiene una herida bala en el brazo y sobre el cuerpo de Bernardo, Rosalinda contó por lo menos ocho balazos. Bernardo aún seguía con vida pero dos de los disparos que entraron por su pecho terminaron por causarle la muerte.

Horas antes, Celso, el otro hermano de Bernardo, tuvo un mal presentimiento. Regresaba de trabajar de Ejutla de Crespo y al pasar por el crucero de Santa Lucía Ocotlán observó a unos hombres en un vehículo estacionado que se comunicaban a través de una radio.

Al llegar a su casa en San José del Progreso lo primero que hizo fue llamar a Bernardo para advertirle de esas personas y que tuviera cuidado. Se sentó a comer y en el preciso momento en que terminaba, en su casa recibieron una llamada: su hermano había sufrido un atentado.

Con 28 años de edad, Bernardo Vásquez acababa de terminar su carrera como ingeniero agrónomo en la Universidad de Chapingo y desde 2010 había destacado como el principal dirigente opositor a la instalación de la minera Cuzcatlán, filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines, en el territorio de San José del Progreso, municipio de la región Valles Centrales de Oaxaca.

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En agosto de 2002 el Gobierno Federal otorgó a la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, cuatro concesiones mineras: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III por un periodo de 50 años y con una extensión de 702 hectáreas, para la explotación principalmente de oro y plata que se encuentra en las tierras de San José del Progreso.

Cuatro años después, en el año 2006, la empresa empieza a sostener reuniones con las autoridades municipales para obtener los permisos de exploración y paralelamente suscribe contratos de arrendamiento con algunos ejidatarios para el uso de parcelas, aproximadamente 30, a cambio del pago de 200 mil pesos anuales por 30 años.

Nunca hubo un proceso de consulta. La mayoría de la población desconocía los trabajos que se estaban realizando sobre esas parcelas e incluso llegaron a creer que se hacía la perforación de un pozo profundo para extraer agua del subsuelo.

A finales de 2008, se enteran por rumores de que es una empresa minera la que está trabajando en esa zona. Empiezan a solicitar información, la cual nunca se les entrega y por ello, deciden hacer una marcha desde el centro de San José del Progreso hacia el lugar donde estaban trabajando las máquinas de la empresa. Ese día, también deciden instalarse en plantón en la entrada a las instalaciones de la minera, entonces cercada con una valla de metal.

La protesta se prolongó hasta el 6 de mayo de 2009, cuando arribaron alrededor de mil 500 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para implementar un operativo de desalojo violento de un plantón en el que prevalecían mujeres.

El operativo fue solicitado por el entonces presidente municipal de San José del Progreso, Oscar Venancio Martínez Rivera, y avalado por autoridades de municipios del distrito como Ejutla de Crespo, San Dionisio y Ocotlán de Morelos, bajo el argumento de hacer valer el derecho al libre tránsito, cuando realidad hay dos accesos a la comunidad.

Pero la resistencia continuó pese a todo. Lo que en un principio inició como un reclamo de información y consulta, siguió para demandar la salida de la empresa minera de este municipio no sólo por las afectaciones al medio ambiente, sino porque se había violado el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad, así como su derecho a la libre autodeterminación. Surgió la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), dirigida por Bernardo Vásquez.

Con la intención de diluir a la oposición, la empresa recurrió primero a un sistema de sobornos y luego a las amenazas, al hostigamiento, a la violencia y presumiblemente al homicidio de quienes se oponían a su operación. La violencia se acentuó entre los años 2010 y 2012. Estas estrategias provocaron la división entre la misma población de San José del Progreso, quienes estaban a favor y contra de la mina, y la consecuente destrucción del tejido social.

En junio de 2010 es asesinado el presidente municipal Oscar Venancio y el regidor de Salud Misael Hernández, y resultaron heridos un sacerdote y dos personas más, en un supuesto enfrentamiento con opositores a la mina. Durante los hechos fueron detenidos 10 personas que posteriormente salieron libres tras demostrarse que no participaron en el homicidio. Algunos testigos, señalaron como el autor material del doble homicidio al propio escolta del edil identificado como Alberto Mauro.

Dos años después, en enero de 2012 es asesinado Bernardo Méndez, cuando intentó impedir que continuaran con las obras para conectar a la empresa a la red de agua potable pública; después, el atentado el 15 de marzo de 2012 en el que es asesinado Bernardo Vásquez, y son heridos de bala su hermano Andrés Vásquez y Rosalinda Dionisio, activista y miembro de la Copuvo.

Tras ocho años de estos hechos violentos, la división social en la comunidad persiste y continúa la resistencia contra la empresa minera, quien logró imponerse y explotar las riquezas minerales de esta comunidad.

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Rosalinda Dionisio Sánchez llega en un mototaxi a las oficinas de la Copuvo que se encuentran en las instalaciones del Comisariado Ejidal de San José del Progreso y en frente del palacio municipal, que permanece cerrado desde el año 2010: la imposición de la minera también causó un conflicto político que no ha podido zanjarse. De aquí, nos trasladaremos a un lugar cercano a la mina para realizar la entrevista.

Vamos en el carro, le decimos. ¿Dónde se estacionaron?, pregunta. Allá, junto a esa iglesia nueva, respondemos. Mejor los espero aquí, es que allá están los que están a favor de la mina, ahí operan, expresa.

“Lo que pasa es que las personas que son afines a la empresa están operando donde está un centro de cómputo y ahí lo hicieron sus oficinas”.

No lo dice abiertamente, pero Rosalinda Dionisio deja en claro no sólo que la división social persiste, sino que incluso se ha trazado líneas imaginarias sobre la división del territorio o de los espacios públicos entre quienes están a favor y en contra de la minera. Otros, los dice con mayor precisión: se hacen dos fiestas patronales y hay dos iglesias porque la empresa les construyó una nueva a quienes la apoyan.

Llegamos al sitio de la entrevista. A la espalda de Rosalinda, a lo lejos, se erigen edificios blancos de la minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.

“Fue el dinero y las amenazas: o te quedas aquí o te mueres. Otros daban trabajo en la empresa. Quienes empezaron a tomar ese rol (a favor de la empresa) fueron personas que se habían ido a trabajar a Estados Unidos (…) pero que se regresaron por el trabajo pesado y vieron que trabajar en la empresa era ganar dinero fácil, porque les pagaban por cuidar ahí en la mina.

“Se dividieron familias, hermanos, primos, tíos. Muchos dijeron no nos vamos a meter en pedos pero muchos si se involucraron con la empresa”.

La primera muestra física de esta división y fractura del tejido social fue la construcción de una nueva iglesia católica. De manera práctica, quienes usan la antigua iglesia son aquellos que se oponen a la minera; para quienes están a favor, se les construyó una nueva.

“La coordinadora nunca dijo que la iglesia es nuestra, siempre dijimos que la iglesia es para todos los que somos creyentes. La iglesia sigue ahí y se ha mantenido por quienes si cooperamos, si aportamos para que se siga manteniendo. Pero la empresa les dijo, no se preocupen, nosotros les construimos otra iglesia. La otra parte nos dijo quédense con su iglesia”.

Una segunda muestra fue la alteración en las costumbres y tradiciones de la comunidad. Durante varios años se canceló la fiesta patronal en honor a San José y precisamente cuando asesinan a Bernardo Vásquez, estaban en los preparativos para retomar esta festividad a iniciativa de los integrantes de la Copuvo.

Mientras que la tercera fue la confrontación entre los mismos pobladores. Las reuniones de la Copuvo eran interrumpidas por personas de la misma comunidad que pasaban en vehículos y realizaban disparos.

La cuarta, fue el conflicto político que aún prevalece y la falta de claridad en el manejo de los recursos públicos.

“El palacio municipal está cerrado y ellos intentaron abrirlo el año pasado. El palacio municipal puede ser inmueble para muchas personas, pero para nosotros la comunidad significa algo más. Y para que esto funcione tiene que haber una gobernabilidad en el pueblo para que todos decidamos por la persona.

“Algo que la otra parte es que no ha querido hacer son las asambleas. Y nosotros decimos que por culpa de ellos, no hay asambleas. Hay pero de cada organización autónoma o del pueblo, la mitad del pueblo de este lado y la mitad del otro. Pero no hay una asamblea general donde se exponga lo que se va a hacer, o sea la priorización de obras se hace porque llevan a los agentes y les dicen o le entras conmigo o no te doy el recurso. Los tienen controlados”, relata Rosalinda.

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La tensión, división y confrontación social, también fue el resultado de los impactos ambientales de la minera en San José del Progreso. La cada vez mayor escasez de agua en la población fue uno de los primeros efectos.

A ello, le siguió la construcción de 81 obras irregulares realizadas por la empresa canadiense; además de pretender ampliar el período de explotación de plata y oro por 10 años más, es decir, hasta el año 2029.

En mayo de 2019 las 12 poblaciones de la región Valles Centrales que conforman el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con la que pretendía justificar esas 81 obras irregulares y porque violenta su libre determinación y autonomía como comunidades y pueblos indígenas, al no poder decidir sobre sus territorios.

«Obras que han ocasionado impacto acumulativos, sinérgicos y residuales, originando en mayor o menor medida la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas presentes en la región en la que se inserta el proyecto».

Un año antes, en octubre de 2018, la minera canadiense Fortuna Silver Mines que a través de su filial, la Compañía Minera Cuzcatlán, posee 26 concesiones mineras en 35 municipios de los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, fue señalada por las autoridades de Magdalena Apasco como la responsable del derrame de residuos y desechos tóxicos vertidos al río Coyote mientras realizaba estudios o exploraba el territorio que el gobierno federal le concesionó.

Las autoridades municipales aprovecharon para exigir que no se permitiera la ampliación del proyecto minero San José II, el cual abarcaría siete mil hectáreas y entre ellas, tierras ejidales. Esto, según una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.

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El golpe para la familia de Bernardo Vásquez es algo que no terminan de superar. Emocionalmente les pegó más fuerte a sus padres, a quienes después de eso la vejez se aceleró. El resentimiento por este crimen tampoco ha cesado.

Celso Vásquez recuerda con precisión ese 15 de marzo de 2012. El día en que conducía de Ejutla de Crespo hacia su casa en San José del Progreso, en el que vio a unos hombres sospechosos con radios sobre la carretera federal y advirtió a su hermano, para que minutos después confirmara que sus sospechas eran ciertas.

“En lo personal seguimos muy resentidos por esta situación (…) Lograron imponerse unos intereses más que nada externos: el gobierno y de la misma empresa, cuando creo que pudimos haber llegado a una mejor solución, donde todos hubiéramos ganado”, dice.

El caso de Bernardo Vásquez pasó de los intentos de soborno a las amenazas y finalmente su asesinato.

En la primera ocasión, representantes de la minera Cuzcatlán – cuenta Celso Vásquez – le ofrecieron dinero, que él pusiera la cantidad pero que se retirara del movimiento y se fuera de la comunidad. La segunda vez llevaron un portafolio repleto de dólares pero tampoco los recibió. Luego siguieron las llamadas telefónicas con amenazas hacia él y su familia; después, fue asesinado.

“Siempre hemos mantenido que se debe hacer justicia y que se debe hacer conforme a la ley; pero desgraciadamente parece que la ley está con ellos. Aparentemente hubo unos castigados pero ya están en libertad.

“Mis papás siguen firmes en su oposición a la minera. En estos momentos decidieron bajar las manos algunas personas, pero si se dan cuenta la destrucción es bárbara. Desgraciadamente la mina no sé a quienes hayan beneficiado, yo no veo el desarrollo del que hablaban los programas de gobierno, que iba a ver desarrollo, se sigue viendo igual, tal desarrollo no hay”, advierte.

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Ya son poco más de 11 años en que se inició la resistencia en San José del Progreso. La empresa minera Cuzcatlán logró imponerse y continúa sus operaciones de extracción de minerales; pero, afuera, después de las vallas de metal prevalece una comunidad dividida, familias divididas, alteraciones en sus formas organizativas ancestrales, un tejido social desecho y sin visos de recuperarse en el corto plazo.

“Ahorita son menos (quienes se oponen a la mina), creo que las cosas han cambiado y ahorita lo que más nos preocupa es el tejido social, que ya se restablezca, que haya paz. No podemos decir que fallamos pero tenemos fe en que las cosas tienen que salir adelante”, manifiesta Celso Vásquez.

Rosalinda Dionisio, a su vez, expresa que está preocupada porque no sabe si pueda restablecerse el tejido social porque hay muchos resentimientos, porque algunos de sus propios vecinos o conocidos firmaron que los desalojaran ese 6 de mayo de 2009 y los agredieron con armas: “personas de aquí, de la comunidad, que salieron con sus armas, que nos amenazaron con sus cuchillos, con sus machetes”, porque algunos perdieron a sus familiares.

“Para la empresa es fácil decir: les pagamos sus muertos y ya, pero ni siquiera eso. Somos personas y seres humanos y el proceso será muy largo; pero tampoco le quieren apostar.

“Justo el año pasado dijimos si en verdad queremos entrarle a la reconstrucción del tejido, pues entrémosle, busquemos un proceso de sanación para toda la gente, que todos aquellos que fueron dañados se les dé una garantía para que puedan vivir. Pero no quisieron, porque nadie se quiere hacer responsable, ni la empresa ni el gobierno. Eso implica dinero, que la gente se organice, que la gente tenga mayor claridad de los procesos y eso les afecta a ellos. No les conviene que se organicen nuevamente”.

En resumen, dice, no hay voluntad para reconstruir otra vez el tejido social de San José del Progreso. 

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