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sábado, febrero 24, 2024

11% de basureros de residuos mineros se encuentran en áreas naturales protegidas

Reportajes

De las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65 (11%) se encuentran ubicadas dentro de 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 11 federales y 6 estatales, informó Fundar.

La organización mencionó que otras 157 presas de jales están ubicadas a una distancia de entre 1 y 5 km de diversas áreas naturales protegidas del país.

“Esta información forma parte del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales presentado por la Semarnat en septiembre pasado, en la que se reúne la información sobre 585 presas de jales de la industria minera distribuidas por todo el país”.

Los remanentes de la actividad minera o jales mineros son apilamientos de residuos sólidos que quedan al extraer los minerales de las rocas; éstos jales permanecen en los territorios por décadas, generalmente sin que se les dé ningún tipo de tratamiento para reducir su impacto ambiental. Se consideran residuos peligrosos por sus altas concentraciones de metales pesados, que contaminan de manera irreversible los suelos, los cuerpos de agua y el aire.

Fundar detalló que la información oficial muestra que en la Reserva de la Biósfera Santuario Mariposa Monarca, una de las cinco Reservas de la Biósfera afectadas por actividades mineras, existen tres presas de jales, una de ellas en la zona núcleo, un área que por ley, debería estar blindada de actividades industriales.

“Hay otros casos alarmantes, como el del área de protección de recursos naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego, Estado de Nayarit, donde se identificaron 17 presas de jales. En la Reserva de la biósfera del Vizcaíno en Baja California Sur, estratégica para la conservación de los recursos hídricos en la región, se identificaron cinco presas de jales”.

Además, dijo, se suma la presencia de jales en sitios que albergan un gran valor histórico y cultural como Wirikuta, área protegida estatal ubicada en San Luis Potosí.

De acuerdo con la organización, el impacto ambiental de los residuos mineros en los ecosistemas es incalculable: la dispersión constante de metales pesados en el aire, agua y los suelos afecta gravemente a la flora y la fauna silvestres.

“Esto se debe a que los metales pesados que se dispersan por el agua o el viento tienden a acumularse y filtrarse en la superficie del suelo y en la vegetación; la fauna silvestre consume plantas y agua por lo que también puede acumular metales pesados”.

Además, advierte que con el cambio climático se presentan fenómenos meteorológicos extremos como lluvias prolongadas e inundaciones que son un factor de riesgo para el derrame de las presas de jales y, de dispersión e infiltración de los contaminantes que éstas contienen. Por ello, las presas ubicadas a pocos kilómetros de las ANP también representan una amenaza para estos espacios naturales únicos.

“La existencia de este tipo de residuos peligrosos dentro de las áreas protegidas del país representa un peligro para estas zonas, que han sido expresamente protegidas para garantizar la conservación de cientos de especies (de flora y fauna silvestres) en riesgo”.

También recordó que las áreas naturales protegidas resguardan entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad nacional, en especial, de los pueblos originarios que las habitan.

“Es muy grave que en las áreas naturales protegidas se permita la operación de proyectos mineros (actualmente, hay 73 proyectos mineros en operación dentro de estas áreas protegidas) y, más grave aún, que haya 65 presas de jales con residuos altamente peligrosos en zonas protegidas”.

Fundar manifestó que ante las amenazas que la minería representa para las áreas naturales protegidas, es urgente que el Senado dictamine y apruebe ya la reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que prohíbe las actividades mineras dentro de las ANP; ésta reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en el pasado periodo de sesiones.

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