La sentencia contra David Hernández Salazar, activista y opositor a la construcción de un parque industrial sobre terrenos comunales de uso común de San Blas Atempa, como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los cuales fueron vendidos por la asamblea comunitaria al gobierno federal, está basada en “falsas acusaciones” y “declaraciones inconsistentes”, aseguró la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).
David Hernández fue sentenciado a 46 años de prisión, al pago de una multa de 182 mil 818 pesos y al pago de la reparación del daño por la cantidad de un millón 100 mil 15 pesos.
El activista fue acusado de los delitos federales de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, durante un bloqueo carretero y la quema de vehículos que se registró durante una protesta contra la decisión de la Asamblea Comunitaria de vender los terrenos o el paraje comunal conocido como “El Pitayal”, para la construcción de uno de los parques industriales en esta región de Oaxaca.
“Esto deja claro la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas”, sostuvo en un comunicado.
Según esta la APIIDTT, el activista no se encontraba en el lugar de los hechos en el bloqueo carretero ni cuando se prendió fue a los vehículos sobre la carretera.
La organización recordó que David Hernández ha sido criminalizado desde el año 2017 en su lucha por la defensa de las tierras de uso común del Pitayal. En ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano, cuando fue detenido por policía municipal, “continuando por una serie de campañas de difamación a su persona y amenazas a su integridad física y psicológica”.
En el año 2021, por su representación como Agente Comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, aseguró que ha sido judicializado y perseguido por: el Municipio de San Blas Atempa, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional.
Lo anterior, tras enfrentar una primera demanda federal en 2021 (Carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.
En un segundo momento, a inicios de 2022, da comienzo la Causa Penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención ilegal y abriendo la carpeta de investigación la cual es motivo del presente escrito; por último, en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero.
“En estos 3 procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo”.
La APIIDTT aseguró que esta condena no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata, porque aún tienen amparos contra las órdenes de aprehensión de David Hernández y las 17 personas de Puente Madera incriminadas (Causa Penal 446/2022).
“Continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda. Con mucha rabia y coraje, ratificamos que nuestra lucha va a continuar por la defensa de las tierras de uso común del Pitayal que da vida a nuestra comunidad e historia como pueblo binnizá”.
Finalmente, exigió la revocación de la sentencia en contra de David Hernández y el desistimiento de la Causa Penal 446/2022 donde existen las órdenes de aprehensión en contra de 17 habitantes de la localidad de Puente Madera.
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