Organizaciones comunitarias de Oaxaca, así como de los estados de Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo, denunciaron que las comunidades forestales enfrentan una compleja y difícil problemática a causa del esquema fiscal, el crimen, el cambio climático y la deforestación.
En un pronunciamiento, explicaron que el esquema fiscal impuesto por el gobierno forestal y de los estados a las empresas forestales comunitarias conlleva cargas excesivas y no considera su objeto social, ni las particularidades de la operación forestal. “Todo lo cual desincentiva en gran medida las iniciativas productivas comunitarias”.
A esto se suma que los procesos de deforestación no se han frenado y no existe una estrategia sólida para detener el cambio de uso de suelo realizado por empresas inmobiliarias, agroindustriales y turísticas que destruyen manglares, rellenan humedales y talan la selva.
“El cambio climático afecta a los territorios y cada vez se presentan, con mayor frecuencia, sequías, plagas e incendios forestales, generando grandes impactos sobre la agricultura, bosques, selvas, humedales y manantiales sin que exista un programa gubernamental que establezca una estrategia seria y consistente adaptación”, entre otras problemáticas.
Los representantes de ejidos y comunidades forestales de estos estados del país, señalaron que ante estos problemas las comunidades se han organizado, para enfrentar a grupos criminales, frenar los incendios, la tala ilegal, las invasiones, la deforestación y el despojo de tierras por parte de los grandes inversores privados y sus proyectos mineros, agroindustriales o turísticos.
“No obstante, ese esfuerzo y resistencia las comunidades están siendo fuertemente afectadas y encuentran una acción gubernamental claramente limitada e insuficiente, y en ocasiones dañina, que deja a los territorios forestales y a las personas que los habitan en situaciones de una alarmante vulnerabilidad”.
Ante la grave situación que se vive en los territorios forestales las comunidades, convocaron a las nuevas autoridades federales, a “mantener un diálogo permanente con los representantes ejidales y comunales que coadyuve y genere insumos para la implementación de una política forestal y agraria que contribuya efectivamente a reforzar la gobernanza comunitarias, la propiedad y trabajo colectivo, el cuidado del territorio y el manejo forestal comunitario”.
