Juan Carlos Zavala |
La Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (Coepriso) opera en la ilegalidad por no cumplir con la Constitución Política del Estado y con diversas disposiciones legales desde su misma creación a través de un decreto, según documentos exhibidos por trabajadores adheridos a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).
Además, se detectó la venta y tráfico de plazas laborales dentro de este órganos desconcentrado de los SSO para personas allegadas a la directora general de la Coepriso, Andrea Ramón García, y en las que se advierte conflicto de interés en la ejecución de inspecciones realizadas a diversos tipos de establecimientos o prestadores de servicios como clínicas y hospitales, y restaurantes.
Y se suma, que desde su creación a la fecha no cuenta con un reglamento interno ni reglas de operación; tampoco está reglamentado en la Ley Estatal de Salud y carece de un acuerdo delegatorio de funciones con el gobierno federal.
El 8 de abril de 2025, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, emitió un decreto con el que se creó la Coepriso; pero, únicamente contiene la firma del mandatario y del titular de la Secretaría de Gobierno, y no la del Secretario de Salud. Esta omisión, causa que el decreto no tenga validez.
Los trabajadores explicaron que un decreto es una acción administrativa que proviene de la decisión de una autoridad en una materia de su competencia, y que por lo tanto se impone de manera vertical. Y de manera vertical la organización del Gobierno del Estado se encuentra de la siguiente manera: el titular del Poder Ejecutivo Estatal, los Secretarios de Estado y que para este caso es la Secretaría de Salud de Oaxaca, los Organismos Públicos Descentralizados o en este caso los Servicios de Salud de Oaxaca, y finalmente los Organismos Desconcentrados, es decir, la Coepriso.
Al ser un órgano desconcentrado, detallaron, y tener facultades de decisión limitadas y un manejo autónomo de su presupuesto o de su patrimonio, no deja de existir el nexo de jerarquía.
Por eso, puntualizaron que la legalización por decreto requiere de un proceso administrativo a través del cual la autoridad ejecutiva, en este caso el gobernador, establece la creación de un nuevo Organismo desconcentrado como la Coepriso.
Pero, para que sea legal es esencial que se cumplan ciertos requisitos y se siga un proceso establecido.
En primer lugar, debe haber competencia, un marco legal que habilite la emisión de decretos, debe seguirse un procedimiento estipulado que incluye la redacción, revisión, y en algunos casos, la aprobación por parte de entidades o ministerios involucrados antes de la firma y emisión del decreto; así como la justificación de su creación, como una emergencia nacional o la regulación de una materia no cubierta satisfactoriamente por leyes existentes, y debe estar en concordancia con la constitución y las leyes vigentes para evitar inconstitucionalidades y posibles nulidades.
Por ejemplo, la Constitución Política de Oaxaca establece en el artículo 84 que “las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos, órdenes, despachos, convenios y demás documentos que el Gobernador del Estado suscriba en ejercicio de sus funciones deberá (sic) llevar la firma del titular o de los titulares de las dependencias involucradas en cada caso. Y sin este requisito no surtirá efectos legales. Los Secretarios y demás funcionarios serán responsables de los actos de autoridad que realicen y ejecuten en contra de las disposiciones de esta Ley fundamental y demás ordenamientos jurídicos del Estado”.
Mientras que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que “para su validez y observancia los decretos, acuerdos, reglamentos, convenios, circulares, órdenes, despachos y demás disposiciones de carácter general que suscriba o expida el gobernador del Estado, conforme a la constitución política del Estado libre y soberano de Oaxaca y demás ordenamientos legales aplicables, deberán ser firmados por el titular de la Secretaría General de Gobierno y los titulares de las Secretarías competentes u Órganos Auxiliares o, en su caso, los titulares de las dependencias que sectorizan, según corresponda, además deberán firmar los directores generales de las Entidades Paraestatales u Órganos Desconcentrados respectivos”.
Por estas disposiciones legales, entre otras, los trabajadores sostuvieron que el decreto de creación de la Coepriso es inválido y no puede surtir efectos legales; omisión, señalaron, de la que también es responsable el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero.
Más ilegalidades
El mismo decreto de creación de la Coepriso establece que en un plazo de 180 días debía crearse el reglamento interno y las reglas de operación, algo que sigue sin existir y que el titular de la Secretaría de Salud, Efrén Emmanuel Jarquín González, no pudo justificar al ser cuestionado durante una conferencia de prensa en palacio de gobierno.
A esto se agrega, señalaron, que todos los actos administrativos y de molestia realizados por esta Comisión Estatal son ilegales porque no tiene competencia para realizarlos al no tener un acuerdo delegatorio con la Federación. Esto se explica, en que la regulación sanitaria es facultad de la federación y se delegan a los estados y municipios a través de tres figuras: las que son exclusivas de la Federación, las de coadyuvancia y las de concurrencia.
Es por eso que han aumentado las quejas de clínicas, consultorios médicos y hospitales privados, por la actuación de funcionarios de la Coepriso en las que se han sufrido extorsión. La vigilancia e inspección de estos establecimientos, debe ser en coadyuvancia con el gobierno federal, y no ha ocurrido.
Otra irregularidad legal, es que la nueva Comisión debe tener reconocimiento como autoridad sanitaria en la Ley Estatal de Salud; pero este proceso legislativo no se ha realizado en el Congreso del Estado de Oaxaca.
Y finalmente, la actual directora general de la Coepriso, Andrea Ramón García, fue destituida por el secretario de Salud, Efrén Emmanuel Jarquín, del cargo de la entonces Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los SSO. Pero tras ser destituida, se desaparece la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario y se crea la Coepriso, a donde ella vuelve recontratada ahora como Directora General. Esto, de acuerdo con el sindicato, también es una irregularidad.
Tráfico de plazas
Los trabajadores denunciaron también la venta y el tráfico de plazas al interior de la Coepriso, y con las cuales también se advierten conflictos de interés en las actuaciones de la Comisión.
Por ejemplo, señalaron que Filemón López – quien tenía la plaza de verificador sanitario – negoció plazas para sus tres hijos. Uno de ellos, Juan Eduardo López Zárate, se quedó con la plaza de verificador sanitario; un segundo hijo, Carlos López Zárate, con la plaza de dictaminador sanitario; y un tercer hijo, con la plaza en la emisión de órdenes. Es decir, un hijo emite una orden de verificación a un establecimiento, el segundo la dictamina y el tercero, la ejecuta.
Otro caso es el de Jorge Arnulfo Ruiz Aquino, quien de tener una plaza como verificador sanitario se le otorga una plaza como Coordinador Sanitario, sin que haya existido un procedimiento legal para ello.
También está el de Indira Rubí Santiago Vasconcelos, quien de un código administrativo, pasa un código de verificador sanitario, sin que tampoco exista evidencia del procedimiento administrativo para la adjudicación de esa plaza.
Según los trabajadores, estas plazas se han entregado a personas que son allegadas o con vínculos personales con la directora general de la Coepriso, Andrea Ramón García.
