Una representación jurídica de «Pijy», ciudadana víctima de violación sexual y de suplantación de identidad, demandó al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, abrir una investigación exhaustiva en contra del Juez Omar Morales Simón por presuntamente permitir la alteración de documentos y declaraciones falsas para revocar una orden de aprehensión en contra de su agresor.
Este jueves en conferencia prensa, el activista Joaquín Galván y una representación jurídica de Pijy, recordaron que la joven indígena fue víctima de violación sexual cuando tenia 15 años de edad, presuntamente cometida por el ex presidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Plácido M.S.
Y reiteraron que Omar Morales fue el funcionario que presuntamente facilitó que una persona, pareja sentimental del ex edil, Placido M.S., se presentara en el juzgado y se hiciera pasar por la víctima y de esa forma otorgarle el perdón al acusado para que quedará execto de cargos por el delito de violación.
Por ello, tanto el activista como la abogada de la víctima pidieron una investigación profunda contra el Juez, así como la inhabilitación y destitución de los ministerios públicos en Matías Romero por la presuntas violaciones ejercidas contra la víctima.
Además pidieron a las autoridades de procuración de justicia dar puntual cumplimiento a la recomendación 12/2025 emitida por la Defensoría del Pueblo de Oaxaca para la reparación del daño a Pijy, ya que el organismo acreditó múltiples deficiencias en el personal ministerial que permitieron la comisión del delito de suplantación de identidad.
«Pijy» significa <> en lengua ayuujk, y ha sido la palabra que usamos para nombrar y reservar la identidad de PIJY y no es menor, puesto que ha vivido todas las violencias propias de ser una víctima de violación, pero también las violencias de un fallo institucional grave e inédito que la convirtió en víctima por segunda ocasión», explicaron los inconformes.
Recordaron que Pijy en el año 2022 con la información de que se tenía una orden de aprehensión en contra de su agresor, ella salió de su comunidad hasta que acudió a la Vicefiscalía de Matías Romero a preguntar las razones del atraso de su caso, cuando fue informada que la causa penal se sobreseyó, pues presuntamente ella misma había acudido al juzgado de control para solicitar la cancelación de la orden de aprehensión puesto que incluso había quedado asentado en la audiencia que ella se había casado con el señalado, explicaron los abogados en la conferencia.
De esa manera, dijeron Pijy se dio cuenta que alguien más se había presentado con su nombre para cancelar el procedimiento penal contra Plácido N.
«Así es como Pijy volvió a ser víctima ahora no solo de parte de Placido N, sino del juez de control de Matías Romero: Omar Morales Simón y el ministerio publico: Pedro Fierros Zárate así como de sus cadenas de mando que por omisión, grave negligencia o abierta complicidad no realizaron los procedimientos más básicos y elementales para verificar que la mujer que se presentó al juzgado para desistirse de la denuncia, fuera en efecto la víctima».
A partir de lo anterior, dijeron se comenzó una triple lucha para Pijy, un nuevo proceso por el delito de suplantación, retomar el proceso por violación y además las investigaciones por corrupción en contra de las autoridades involucradas, más las luchas personales por el detrimento emocional, económico y familiar, lesionándose gravemente su calidad de vida lo que llevó a Pijy a tomarse una pausa para procesar toda la situación.
Explicaron que a finales del 2024 retomaron el caso, y el Fiscal General actual, Bernardo Rodríguez Alamilla hizo el compromiso de retomar las investigaciones, siendo así que a finales de octubre se ejecutó orden de aprehensión contra Placido N y su pareja Karla N por el delito de suplantación, uso de papeles falsos y falsedad de declaraciones judiciales.
No obstante a pesar de la intervención del Fiscal General, dijeron que esto no evitó los actos recientes de revictimización contra Pijy de parte del personal de la Fiscalía de Matías Romero, por lo que pidieron la intervención directa del titular de la FGEO para atender el caso.
