Cuauhtémoc Blas
En torno a las agresiones contra los periodistas, el problema no es la falta de leyes, esas ya están, lo que hace falta es simplemente que se cumplan, el problema es la impunidad. Se necesita que las leyes se cumplan, y terminar con la impunidad, lo cual es trabajo del gobierno del estado de Oaxaca, en nuestro caso.
Si este gobierno de Oaxaca, de Alejandro Murat, quisiera apoyar a los periodistas ya se habría investigado si en el asesinato de Heber López en Salina Cruz hay un autor o autora intelectual. Asimismo, ya estaría informando de las investigaciones del asesinado de otro periodista istmeño sucedido el año pasado, Gustavo Sánchez. Aquí ni siquiera los autores materiales han caído. Y de varios casos más de periodistas asesinados, desaparecidos o agredidos en este sexenio.
Un fideicomiso para apoyar a los periodistas agredidos, no sobra, sería útil ante hechos consumados de compañeros agredidos, y de apoyo a sus familias, pero lo que ya no queremos es que haya necesidad de eso, lo urgente es que ya no haya más agresiones ni periodistas asesinados. Eso es lo central. Ese fideicomiso no sirve para impedir que haya más caídos.
La postura de que “relegislar”, de hacer leyes parecidas a las ya existentes para que ahora sí se cumplan, no es solo una postura teórica, aunque desde la sola teoría es un absurdo. Así como la creación de Fiscalías especiales de atención a periodistas. Eso ya se ha hecho en Oaxaca, y la experiencia esta: no ha servido absolutamente para nada.
El 3 de agosto de 2017 en un Extra del Periódico Oficial del gobierno de Oaxaca se publicó el acuerdo: Por el que se crea la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
¿Alguien sabía de esta “Unidad”? Sigue en alguna buhardilla con su jefe de Unidad cobrando por hacer nada. No solo no sirvió ni sirve; estorbó y nos quitó el tiempo. El fiscal, subordinado del gobernador de entonces era Rubén Vasconcelos, hoy premiado por esa obsecuencia como Secretario de Desarrollo social del ejecutivo.
En ese año 2017 estábamos al frente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), y pudimos constatar la vacilada que fue esa Unidad Especializada para delitos Contra la Libertad de Expresión. Fue el caso de Aisleth Alcocer y su equipo de NCA Tuxtepec, agredidos el 25 de julio de 2017. Se hizo la demanda con abogado y todo, pero nunca la vicefiscalía inició la averiguación. Otro caso fue el de Rufino Feria Bautista en Pinotepa Nacional, agredido por taxistas del PRI, y que tampoco nunca se atendió por la Fiscalía estatal, El fiscal Vasconcelos ordenaba, pero nadie le obedecía allá. Otro problema más: que no se podía tratar con quien realmente mandaba entonces en esa Fiscalía.
Volviendo al acuerdo de marras, vemos que tiene nueve artículos, y cuatro transitorios. El artículo quinto habla de la creación de un Consejo Consultivo cuya función sería: “Fungir como instancia permanente de consulta de la Fiscalía General en esta materia (…) Estaría integrado por un Consejero Presidente y otros seis consejeros…” Duraría dos años, con posibilidad de dos años más. Es la hora en que no se integró ese Consejo. Pasado el ruido por la muerte de Javier Valdez y Miroslava Breach, que hizo reunir al presidente Peña Nieto con todos los gobernadores, cesó la simulación.
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