Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha causado una crisis política en al menos dos municipios de Oaxaca y sus agencias por la distribución equitativa de los recursos públicos federales.
Hasta ahora, en dos ayuntamientos del estado las autoridades municipales han negado o reducido el monto de las participaciones municipales a sus localidades, bajo el argumento de que el Censo reportó una población menor a la reportada en años anteriores y por tanto, implica una reducción en los recursos que les corresponden de los ramos 28 y 33.
El primer caso se presentó en la agencia Vicente Guerrero del municipio de la Villa de Zaachila, en el que sus autoridades municipales se negaban a entregar los recursos públicos porque con los datos arrojados por el censo del INEGI se les quitó la categoría de agencia porque sólo reportó ocho mil habitantes; dato que sólo representa el 18 por ciento de la población total del municipio.
La inconformidad de las autoridades auxiliares de la agencia Vicente Guerrero causó que bloquearan la carretera federal 175 y los accesos al relleno sanitario que se ubica en Zaachila por más de cinco días, sitio en el que al menos 23 municipios conurbados arrojan sus residuos sólidos.
Ahora, autoridades auxiliares de ocho agencias del municipio de Ixtlán de Juárez informaron que no se llegó a ningún acuerdo con el presidente municipal para la distribución justa de los recursos federales correspondientes al ramo 28.
Las agencias inconformes son Santa María Zoogochí, Santa Cruz Yagavila, Santiago Teotlasco, San Juan Yagila, San Miguel Tiltepec, Santo Domingo Cacalotepec, La Palma y San Gaspar Yagalaxi, ubicadas en el Rincón Bajo y el Rincón de Ixtlán.
Según las autoridades de las agencias, el edil de Ixtlán de Juárez pretende disminuir el porcentaje de recursos públicos que anteriormente se asignaba a estas poblaciones bajo argumentos basados en el artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Además, las autoridades de las agencias mencionaron que el Censo de Población y Vivienda 2020 no realizó adecuadamente el conteo de población, por lo que hacen un fuerte llamado de atención al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que corrija sus errores; y mientras eso sucede se busquen mecanismos que subsanen esta situación debido a que sus resultados resultan perjudiciales a las agencias.
Asimismo, demandaron la intervención de las autoridades estatales correspondientes, así como la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca, con el fin de que las auxilien para lograr acuerdos justos con su cabecera municipal, en un lugar neutral, “ya que al realizarlas en Ixtlán y sin la intervención de intermediarios que faciliten han sufrido actos de discriminación y ha sido imposible llegar a acuerdos”.
“Pertenecemos al pueblo zapoteca xidza, mientras que Ixtlán es una comunidad zapoteca leaj en la que ya no hablan la lengua originaria. Las agencias más cercanas a la cabecera se encuentran a tres horas de recorrido en vehículo, mientras que las más lejanas a ocho horas”.
Recordaron que tras arduas negociaciones son los anteriores presidentes municipales, las agencias lograron en 2018 que el 47% de los recursos del ramo 28 se les asignaran a ellas y el resto quedara en manos de la cabecera municipal.
Sin embargo, en este año el presidente municipal pretende bajarlo a 45%, por lo que afirman que no aceptarán este revés que les ha costado más de 20 años de negociaciones, amenazas y actos de discriminación por ser considerados «rinconeros».
“El asesor jurídico del ayuntamiento, de origen zapoteco, solo aprendió en la universidad los argumentos de la ley para discriminar a sus paisanos, ya que reduce los criterios de la misma, cuando ésta da la posibilidad de incluir otros. El principal argumento que esgrime una y otra vez en los diálogos es que no les pueden otorgar más recursos porque no recaudan impuestos”.
También denunciaron que en el municipio de Ixtlán de Juárez ni el gobierno de Oaxaca garantizan el artículo 12 de la Constitución oaxaqueña en el que se establece que los tequios y explicaron que los tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales.
“Lo que sucede en el municipio de Ixtlán es que mientras en cada agencia se realizan más de 20 tequios al año para hacer obras comunitarias y así estirar sus raquíticos presupuestos, en la cabecera municipal solo hacen unos cuantos, para barrer calles, ya que las obras que allí llegan a realizar cuentan con presupuesto para pagar mano de obra”.
Las negociaciones que han tenido con el presidente municipal actual, pero también en el pasado, afirmaron que han sufrido discriminación porque aunque sus comunidades comisionan a personas que auxilien a su agente, el presidente les niega el uso de la palabra con el pretexto de que solo hablará con la autoridad comunitaria.
Pero cuando las autoridades se comunican entre ellos en su lengua indígena que es el didza xidza, el presidente se enoja y les pide que hablen en español porque no les entiende, violando así el elemental derecho de hacer uso de una de las lenguas nacionales reconocidas, que todos los municipios están obligados a reconocer proteger y preservar, máxime cuando las autoridades traten cualquier asunto o trámite de carácter público.
“Es evidente que el presidente municipal desconoce que este año la UNESCO declaró el decenio internacional de las lenguas indígenas del mundo 2022-2032; por lo que comete reiteradamente actos de discriminación contra las autoridades de las agencias municipales y sus representantes”.
 ha causado una crisis política en al menos dos municipios de Oaxaca y sus agencias por la distribución equitativa de los recursos públicos federales.){kind=link}