Mujeres desplazadas triquis de San Juan Copala denunciaron que a 10 meses del desalojo que sufrieron la madrugada del 2 de diciembre de 2022 de los arcos del corredor del palacio de gobierno, la administración de Salomón Jara Cruz no ha cumplido con su promesa de asignar un espacio en el cual puedan vender sus artesanías y trabajar.
Sergia Zepeda González apuntó que el gobierno del estado también ha cancelado de manera reiterada una mesa de trabajo en la cual resuelvan sus demandas y cuando las atienden, lo hacen de manera informal debajo de un árbol en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.
El pasado 17 de abril, agregó, entregaron un documento al gobernador Salomón Jara y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en el que puntualizan cada una de sus peticiones.
La primera de ellas es un plan de retorno para regresar de manera segura a su comunidad de origen, San Juan Copala. Además, una atención integral para las víctimas y sobrevivientes del desplazamiento forzado interno a casi 13 años, y poder ejercer su derecho al trabajo que fue violentado cuando fueron desalojadas la madrugada del 2 de diciembre de 2022.
También exigen la revisión jurídica y coordinación con el poder judicial de los casos de sus compañeros presos políticos Alfonso Martínez Ortega, Juliantino García Ramírez y Reynaldo Martínez Álvarez, quienes aseguran que fueron sentenciados a largas condenas por crímenes que no cometieron.
Sergia Zepeda también afirmó que el gobierno de Salomón Jara no las reconoce como desplazadas internas porque en diciembre de 2022 les retiraron las medidas cautelares 197/2010 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Solicitamos que dejen de hacerlo ya que nos revictimizan y estigmatiza», dijo.
Finalmente señaló que es de gran importancia que conozcan y adopten las medidas y soluciones durareras para que las familias desplazadas por la violencia paramilitar triqui puedan tener soluciones integrales y durareras.
