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viernes, agosto 12, 2022

Opinión: Avanza el cerco en contra de las organizaciones sociales

Reportajes

Hace unos días tuve la oportunidad de verter mi opinión en el Foro sobre la Iniciativa de Ley para el Fomento y Regulación de la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que promueve la diputada local priista, Lizbeth Concha Ojeda. Hoy abordo con más amplitud este proyecto de ley que a mi juicio, atenta contra importantes derechos constitucionales.

Esta iniciativa sostiene que Oaxaca, con más de 600 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), carece de un marco jurídico que fomente y regule su participación, establezca un sistema de atención y al mismo tiempo, sus obligaciones, particularmente en la aplicación de recursos públicos, por lo cual, se plantea un Registro para ubicarlas y facilitarles acceso a los programas sociales; se propone también la formación de un Consejo que las vincule con las instituciones, que facilite el diálogo y, por lo tanto, la gobernabilidad; además de ello, la iniciativa incluye sanciones y medios de defensa de los derechos humanos.

A decir de los promoventes, con esto se busca, primero, permitir que las OSC cumplan su rol como actores independientes en el desarrollo, mediante las condiciones que brindan los convenios internacionales que nuestro país suscribe; y segundo, implementar prácticas para fortalecer su rendición de cuentas. Y aunque discursivamente, la iniciativa resalta el importante papel que ellas juegan, en realidad atenta contra nuestras garantías individuales. Veamos de cerca.

Las organizaciones se rigen por los derechos de Reunión y de Expresión, que incluyen marchas, manifestaciones, plantones y peticiones al gobierno, tutelados en los artículos 6° y 9° constitucionales, además, de tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en sus artículos 21 y 22, entre otros. Dichos ordenamientos jurídicos están por encima de todos los de carácter local. Por lo tanto, lo que vemos es que esta iniciativa limita los derechos de autonomía plena y libertad de asociación, al plantear que las OSC se registren para hacer efectivos sus derechos, toda vez que basta constituirse legalmente para tener personalidad jurídica, sin necesidad de que el Estado la valide, por el contrario, nuestro ordenamiento jurídico no debe entorpecerlas con más trámites para seguir operando y, mucho menos sancionar o excluir a las que no tengan registro. De igual manera, no basta con que reciban recursos públicos, para regularlas o registrarlas, ya que, conforme a nuestras leyes, éstas deben, de por sí, rendir cuentas y seguir las reglas de operación de cada programa, mismas que deben ser revisadas por la autoridad emisora.

La historia de las sociedades ha demostrado que el orden jurídico y su evolución están determinados por los intereses económicos de la clase social en el poder. Por lo tanto, son las contradicciones económicas de la sociedad oaxaqueña las que motivan esta iniciativa, que se suma a la presentada por el diputado panista, Leonardo Díaz, hace unos meses. Ambas buscan regular a las organizaciones, porque las protestas y bloqueos aumentan, ante la reducción del presupuesto para infraestructura en las capas populares, con lo que según los grupos de poder en el estado, se genera una imagen de ingobernabilidad que afecta el funcionamiento económico de la entidad. Se comete el error de combatir los efectos y no la causa, o sea, al peligroso empobrecimiento de las grandes mayorías que ven sus condiciones de vida deteriorarse cada vez más, mientras los gobernantes muestran menosprecio y abandono. Es decir, son las autoridades con su política de contención y cero solución, las que provocan el aumento y la radicalización de las protestas.

Los liberales de la Reforma, conscientes de que el Juicio de Amparo deja a los ciudadanos humildes a merced de los gobernantes, nos legaron el derecho a la organización y manifestación, para combatir con la fuerza social a la tiranía de los que hacen las leyes y las aplican, derecho que hoy se intenta acotar, sin comprender que en Oaxaca, impedir que se tenga una válvula de escape a las crecientes inconformidades, sin resolver las demandas de justicia, obras y servicios, es abrir la puerta a disturbios sociales que no beneficiarán a nadie. Estando así las cosas, la salida no es registrarlas en censos controlados por el gobierno, sino dar solución a las necesidades urgentes de la población.

En resumen, la regulación de las organizaciones responde a la descomposición de nuestro modelo económico, que en su etapa neoliberal, está destruyendo los últimos vestigios del estado de bienestar y, ante el aumento de la inconformidad social, elimina las herramientas con que cuentan las mayorías para defender sus derechos constitucionales. Así se explica la guerra de Morena contra las organizaciones en el ámbito federal, mientras que en Oaxaca el PRI y el PAN intentan darle carácter de ley a ese inconstitucional combate a las manifestaciones. No es, por tanto, cuestión de partidos, sino de intereses económicos. Detrás de ese intento de atraerlas a la “institucionalidad”, ofreciéndoles acceso a subsidios y acomodo en el gobierno, se esconde la intención de controlarlas, de decirles qué pueden y qué no pueden hacer.

Debemos entender pues, que la política en el país ha cambiado, que el discurso contra los “intermediarios” ha sembrado la idea en los partidos, candidatos y gobernantes, de que las organizaciones no son necesarias y que ante su debilidad, sienten que ha llegado la hora de cerrar el cerco contra ellas.
Por ello, el Movimiento Antorchista, como parte de la Unión de Organizaciones Sociales (UNIDOS), concuerda con todas las fuerzas sociales que insisten en que es necesaria la unidad para la defensa de nuestros derechos, pero insistimos en que ha llegado la hora de pasar a los hechos, porque sin importar quién llegue al poder el próximo 5 de junio en Oaxaca, la consigna será combatir a las fuerzas sociales organizadas, y sólo la unidad podrá garantizar la validez de nuestro derecho a existir.

Por Dimas Romero

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