Políticos y legisladores de los estados de Coahuila, Morelos y Veracruz, buscan revivir el programa “Mochila Segura” a través de reformas en sus legislaciones locales bajo el argumento de presuntas amenazas de violencia en las escuelas, denunció Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
La activista dijo que una vez más rechazan la intención de poner en marcha este programa que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este, consiste en revisar las mochilas de niñas, niños y adolescentes cuando ingresan a sus respectivas escuelas, con el objetivo de verificar que no ingresen algún tipo de arma.
A su vez, queremos llamó la atención de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes han permitido e incluso derivado tareas de revisión de mochilas sobre padres, madres y tutores, quienes – por temor a situaciones de violencia – han asumido tareas que corresponden al Estado y cuyo origen no está en las escuelas.
“El programa Mochila Segura no puede convertirse en la respuesta del Estado a los problemas de seguridad y violencia en el territorio”, sentenció.
Tania Ramírez recordó que como la señalado la SCJN el programa “Mochila Segura” no sólo carece de un marco legal que lo sustente, sino que también viola los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Federal al atentar contra los derechos humanos de las infancias. Esto incluye el derecho a la intimidad y la privacidad, pues presupone que todas las personas jóvenes tienen la disposición de cometer algún delito. Cualquier acercamiento a un programa así, es improcedente e incorrecto.
“Recordemos que México vive una crisis de derechos humanos que ha aumentado los contextos de violencia, desapariciones, reclutamiento y proliferación de armas en todo el territorio que cada día se cobra la vida de más personas, en especial de niñas, niños y adolescentes. El filtro para la violencia no se encuentra en una mochila o en la entrada a la escuela”.
La Directora Ejecutiva de la REDIM señaló que las cifras muestran que la verdadera violencia está en la calle y en otros espacios fuera de la escuela.
En 2021 se registraron 674 defunciones por homicidio de personas de 0 a 17 años en México, de los cuales 156 eran mujeres y 515 eran hombres. Del total de estos homicidios, 0.3% tuvieron lugar en una escuela u oficina pública. En contraste, 47.6% sucedió en la vía pública y 17.1% en vivienda particular (de acuerdo con el registro de Defunciones por homicidio 2021 del INEGI).
Por ello, llamó a los congresos, federal y locales, y a personas a cargo de las Comisiones de Derechos Humanos en el país, para que actúen en favor de la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes como base para la creación de programas de seguridad escolar y de atención a la violencia armada en México.
Sobre las presuntas amenazas de violencia en escuelas y las propuestas en algunas entidades del país de implementar el programa “Mochila Segura”, dijo que la REDIM reitera su exigencia a las autoridades e instituciones para que se establezca una política de Estado que atienda la seguridad de la ciudadanía con un enfoque de derechos humanos, que tome en cuenta a las infancias y que incluya el compromiso de abordar las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, como son los diferentes contextos de violencias y de salud mental que los y las rodean.
Esto en el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en escuelas, como el caso de Texas, en Estados Unidos; “sobre el que vale la pena recordar que cualquier niño o niña que llega a portar y usar un arma, fue víctima ya de múltiples violencias y de afectaciones a su salud mental e integridad personal”.
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