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jueves, junio 30, 2022

Gobierno de Oaxaca, responsable del desplazamiento forzado en Tierra Blanca Copala: CNDH

Reportajes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el Gobierno de Oaxaca es responsable por omisión del desplazamiento forzado ocurrido en Tierra Blanca Copala, luego de la incursión de un grupo armado en la comunidad.

En su recomendación especial, también responsabilizó de estos hechos al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca y en especial de las instancias encargadas de la seguridad pública tanto del gobierno del estado como del municipio, incluyendo a la Fiscalía General de Oaxaca.

De acuerdo con la CNDH son responsables por la violación de los derechos a la libertad de circulación y residencia, así como al derecho a no ser desplazado forzadamente, a la seguridad personal, a la asistencia humanitaria y medidas de ayuda inmediatas.

También son responsables de la violación a los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda o alojamiento, a la educación, a la salud y al trabajo, al interés superior de la niñez, y al acceso a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado interno, desde el mes de diciembre de 2020, de la comunidad indígena de Tierra Blanca Copala.

La CNDH aseguró que incurrieron en responsabilidad institucional, porque ante una problemática tan compleja como es el desplazamiento forzado interno, omitieron cumplir de manera apropiada sus atribuciones, y adoptar las medidas que eran necesarias para garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de una población que se encuentra desde 2020 en una particular situación múltiple de vulnerabilidad.

El organismo explicó que existían antes de los hechos, una serie de normas constitucionales y convencionales que establecen las obligaciones de las instituciones del Estado de Oaxaca, y del municipio de Santiago Juxtlahuaca, sobre la garantía y protección de los derechos humanos a la libertad de circulación y residencia, así como al derecho a no ser desplazado forzadamente, a la seguridad personal, a la asistencia humanitaria y medidas de ayuda inmediatas, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda o alojamiento, a la educación, a la salud y al trabajo, al interés superior de la niñez, y al acceso a la justicia de la población que habita en su jurisdicción.

Con el análisis de las evidencias, recomendó al Gobierno de Oaxaca y a las autoridades señaladas como responsables por omisas que de manera coordinada reparen integralmente el daño a las víctimas e inscribirles en el Registro Nacional de víctimas.

Asimismo se les proporcione el tratamiento médico, psicológico y tanatológico de manera culturalmente apropiada, según corresponda, que sea necesario para restablecer su salud física y emocional, con la finalidad de reducir los padecimientos que presenten en cada situación en particular, en virtud de las consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente recomendación, y envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

También deberán diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a un plan de atención, para que a la mayor brevedad posible las personas desplazadas tengan acceso a las ayudas inmediatas y realizar un censo que registre la totalidad de las personas que se desplazaron de la comunidad de Tierra Blanca, desde el mes de diciembre de 2020, remitiendo a este Organismo Nacional, dentro del término de tres meses, las constancias que acrediten su cumplimiento.

Además, la CNDH exigió que en el terminó máximo de tres meses deberán garantizar el retorno seguro, en paz, y en condiciones de dignidad así como el asentamiento permanente de las personas originarias de la comunidad indígena Triqui de Tierra Blanca víctimas.

O en su caso, su reasentamiento o indemnización, en los términos planteados en la reparación integral del daño, y envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento; entre otras recomendaciones.

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