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jueves, junio 30, 2022

Fiscalía de Oaxaca acepta recomendación de la CNDH sobre el caso de María Elena Ríos

Reportajes

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor de la joven María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido presuntamente ordenado por su ex pareja y político del PRI, Juan Vera Carrizal.

En un comunicado, la dependencia encargada de la procuración de justicia dijo que se giraron instrucciones a las áreas correspondientes de la institución para dar cumplimiento a la recomendación sobre el caso de violaciones a derechos humanos de la víctima.

El pasado 18 de febrero de 2022, la CNDH emitió la Recomendación 28/2022, sobre este caso ante el señalamiento de violaciones al deber de investigar y atender la violencia contra las mujeres, documento dirigido a la Fiscalía del Estado y al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

De acuerdo con el estudio del caso realizado por el organismo, tanto la Fiscalía y el Gobierno de Oaxaca obstaculizaron investigación del ataque con ácido a María Elena Ríos.

La CNDH constató que las violaciones a los derechos humanos contra la joven se desencadenaron a partir de un ataque con ácido, como forma de violencia física derivada de una relación afectiva en la que la víctima señaló como responsable intelectual a su expareja, como se desprende de las declaraciones ministeriales en las que se relatan diversidad de actos de violencia por parte de la persona señalada.

Asimismo, destacó que cuando sucedieron tanto la agresión con ácido como las respuestas y omisiones de las autoridades, ocurrieron en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que se encuentra activada en el estado de Oaxaca desde el 30 de agosto de 2018 por violencia feminicida; y que en esa declaratoria, se consideró a la ciudad de Huajuapan entre las localidades que requerían la implementación de acciones de emergencia.

El gobierno de Alejandro Murat incumplió sobre las medidas recomendadas en el decreto de la alerta de género, que tiene la finalidad de crear mecanismos eficientes para investigar y sancionar a las autoridades que no realizan su obligación de protección a las mujeres.

Tampoco se comprobaron referencias de que el estado de alerta de género se haya considerado como elemento indispensable en la investigación del caso, ni en el contexto de la agresión perpetrada.

El organismo encontró que tanto el gobierno de Oaxaca como la Fiscalía General sólo comenzaron los procesos de apoyo y atención hasta que la víctima y sus familiares lograron la atención de la prensa y se publicaron notas periodísticas sobre su caso.

La Fiscalía de Oaxaca precisó que atenderá las siguientes recomendaciones:

Reparación del daño a favor de las víctimas en términos de la Ley General de Víctimas.

Garantizar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que se proporcione la atención médica, psicológica y/o psiquiátrica individual y familiar que requieran las víctimas directas e indirectas.

Generar un mecanismo de coordinación Interinstitucional para planeación y ejecución de medidas de atención y protección efectivas de las víctimas.

Ofrecer una disculpa pública a las víctimas.

Publicar durante un año la Recomendación en la página de internet de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Dar cumplimiento a las Recomendaciones Generales 40/2019 «Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México» y 43/2020 «Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias».

Colaborar en la presentación y seguimiento de la queja en contra de servidores públicos por las probables acciones y/u omisiones en que pudieron haber incurrido con motivo de los hechos motivo de esta Recomendación.

Integrar la carpeta de investigación correspondiente por tráfico de influencias en contra de dos servidores públicos.

Crear una Unidad de Análisis de contexto para estos delitos.

Diseñar e impartir al personal que atiende e investiga delitos de violencia de género, los cursos de capacitación con perspectiva de género en la investigación de la violencia contra las mujeres.

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